La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha decidido dejar en libertad al empresario lucense Miguel G.G., quien permanecía en prisión provisional desde el pasado 30 de agosto acusado de atentado contra la autoridad, calumnias y amenazas a la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, quien lo investiga por la Operación Pokémon.
Miguel G.G., gerente de la empresa que logró el contrato de explotación de la publicidad en los buses urbanos de Lugo, estaba encarcelado en Bonxe tras un altercado durante una noche del pasado mes de agosto con la jueza, en el cual supuestamente llegó a amenazarla y a enfrentarse físicamente con abogados que la acompañaban.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial de Lugo acuerda dejar sin efecto la prisión provisional, pero obliga al empresario a comparecer en el juzgado cada 15 días y a no mantener "contacto de ningún tipo, ni directo ni indirecto, ni verbal, ni virtual, ni en forma alguna" con la jueza De Lara, salvo cuando sea requerido para comparecer en los juzgados.
El auto, suscrito por tres magistrados, considera que para evitar que se repitan hechos similares, es suficiente con imponerle a Miguel G.G. una medida de alejamiento similar a la que ya se adoptó respecto a su madre, quien también intervino en el altercado, por lo que fue imputada.
HECHOS SIN LA SUFICIENTE GRAVEDAD
Acerca del altercado, la Audiencia Provincial alude al visionado de una grabación del bar donde coincidieron el grupo con el que iba la jueza Pilar de Lara y García-Gesto y su madre. Sobre los hechos que se producen luego, ya fuera del bar, los magistrados aluden a "encontronazos, golpes y agarrones".
Así, relata que Miguel G.G. mantuvo una actitud "de singular nerviosismo y tensión", aunque puntualiza que "en ocasiones pretendió apaciguar la situación", como cuando vio a su madre lanzando "una sarta de reproches" hacia la jueza.
Por ello, señala que los hechos son "constitutivos de infracción penal, pero sin que ésta revista la entidad o gravedad suficiente como para dar lugar a la situación de prisión", puesto que el enfrentamiento físico se produjo con los abogados que acompañaban a la jueza de la Pokémon.
El auto menciona, además, que los testimonios de los agentes que intervinieron en el enfrentamiento aluden a que el empresario solicitaba un cuchillo "para poner fin a su vida" y no para actuar violentamente contra terceros. Los magistrados de la Audiencia Provincial también sostienen que el empresario no tiene ánimo de fugarse para eludir los tribunales y que "no está en condiciones de variar o alterar el curso de la investigación".
Aparte del recurso contra su encarcelamiento, la abogada de Miguel G.G. también ha solicitado la recusación de Pilar de Lara en el caso, al argumentar que tendría algún tipo de animadversión hacia su representado.