El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha denegado la petición del exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, de requerir a las 31 partes personadas en el caso Nóos que "de sus escritos aporten tantos juegos de copias como partes personadas hay", lo que el juez ve "prácticamente de imposible cumplimiento" además de "insostenible ecológica y económicamente".
Así lo expone el magistrado en su última providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que, tras aseverar que los derechos de las partes "están perfectamente garantizados", alega que "no es infrecuente que a gran número de escritos se acompañen también elevado número de documentos que, multiplicado por el número de partes, representarían volúmenes muy difíciles de manejar, no solamente para el Juzgado sino también para los procuradores de las propias partes".
De hecho, el instructor de las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos pone por ejemplo que, si Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, "tuviera que cumplir con el requisito cuya observancia postula Don Luis Lobón", tendría que presentar "nada menos" que 44.032 copias de la documentación que ha aportado.
Es más, si hubiera que traducir a copias en papel, para cada una de las 74 partes que en total están personadas en el caso Palma Arena, los aproximadamente 95.000 folios que la causa contiene, "estaríamos hablando de la escandalosa cifra de algo más de siete millones de copias que, aparte de insostenible ecológica y económicamente, representaría muy serias dificultades para su custodia, manejo y traslado".
Es por todo ello que el magistrado recuerda que al inicio de la causa se consensuó dispensar de copias a las partes, sin suponer "indefensión para nadie", mediante la entrega periódica de los distintos tomos y anexos de forma digitalizada, sin que tampoco ello afecte al plazo para recurrir.
El propio Lobón ha apelado recientemente a que Castro debe apartarse de las pesquisas referidas a hechos acontecidos en Valencia, como la preparación de los eventos Valencia Summit y otros que finalmente no llegaron a celebrarse pese a los fondos públicos que por ello percibió el Instituto, si bien el magistrado ha rechazado la cuestión de competencia planteada por el exalto cargo valenciano.