Lo ha anunciado al término del Consello de la Xunta, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien ha confirmado, además, la luz verde a un protocolo en el ámbito judicial determina también que el Gobierno gallego se personará en los procesos contra los autores de fuegos intencionados "desde el primer momento del atestado" y que sus letrados demandarán prisión provisional para los incendiarios.
Asimismo, con la voluntad de que "todo el peso de la ley" caiga sobre ellos y "sobre su patrimonio", la Xunta demandará que hagan frente a los gastos medioambientales y de extinción ocasionados.
También activará un plan de recuperación de las zonas afectadas por los fuegos, que se centrará especialmente en los espacios de mayor valor paisajístico y ambiental como, ha ejemplificado, el monte Pindo, dañado por el fuego más grande que registró la comunidad en 2013.
Preocupado aún por las "dificultades" que podría haber en septiembre y octubre, el presidente, que hace unas semanas afirmó que la campaña de 2013 estaba siendo "extraordinariamente positiva", se ha mostrado más cauto tras los últimos grandes fuegos que han afectado a la comunidad y ha señalado que se reafirma en que el trabajo de las brigadas es "excepcional", pero ha abogado por esperar a que finalice la campaña para "ponerle nota". "Estamos en pleno examen", ha zanjado.