Fuentes policiales han precisado que los ocho detenidos han quedado en libertad con la medida cautelar de comparecer ante el juez cuando les sea requerido.
La 'Operación Danko' ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
Este tribunal es competente para entender de los delitos de los que se acusa a los ocho arrestados al ser cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero.
En concreto, a los detenidos se les acusa de cometer delitos de tenencia y depósito de armas y explosivos, participación para la comisión de asesinatos y delitos contra la neutralidad del Estado en conflictos internacionales. Este último delito está recogido en el artículo 591 del Código Penal y castigado con penas de entre cuatro y quince años de cárcel.
Los combatientes han sido arrestados a las 6.30 horas, en una operación coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y desarrollada en Asturias, Cataluña (uno de ellos en Barcelona), Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra.
Los detenidos, que en algunos casos se integraron en la denominada 'Brigada Internacional Carlos Palomino', comenzaron a ser investigados después de que se jactaran de sus actividades en las redes sociales, en las que colgaron numerosas fotografías y vídeos.
En el material que ha sido incorporado a la causa se observa a los detenidos, activistas de grupos de extrema izquierda y anticapitalistas, exhibiendo fusiles 'kalashnikov', uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos, al modo en el que lo hacen los 'yihadistas' y los denominados 'foreign fighters' (combatientes extranjeros).
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La operación, denominada 'Danko', fue iniciada a partir de una investigación de la Comisaría General de Información, que rastreó las actividades de los ocho arrestados en las redes sociales, y una querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue admitida a trámite por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. En la misma, según estas fuentes, no participaron las autoridades ucranias.
El magistrado se declaró competente para investigar estos hechos en virtud del artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la potestad de este tribunal para investigar "los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho". Su labor se limitó a autorizar los registros pero no ordenó las detenciones, que fueron realizadas por la Policía Nacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que esperará a las declaraciones de los detenidos ante el juez para decidir si solicita su ingreso en prisión, considera que estos actos pueden ser constitutivos de cooperación en asesinatos y homicidios, y tenencia y depósito de armas.
PONER COTO A UN FENÓMENO EMERGENTE
Según las citadas fuentes jurídicas, la operación se ha llevado a cabo para tratar de poner coto a este fenómeno emergente y evitar actuaciones en el extranjero que podrían ser consideradas como terrorismo y que tendrían como objetivo aterrorizar a la población civil.
Las detenciones se han producido en Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres, Pamplona, Alcorcón (Madrid) y dos de ellos en Madrid capital. Los ocho españoles se desplazaron a Ucrania durante el año 2014 y regresaron recientemente a España. Todos ellos se incorporaron a los grupos separatistas prorrusos en el bando que lucha por la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk.