Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que el instructor ha solicitado a Contrapoder que deposite 12.000 euros si quiere ejercer en el procedimiento abierto como acusación popular. El letrado que lleva la representación jurídica de Contrapoder ha anunciado a Europa Press que va a recurrir este fianza, dado que no tienen recursos y ven esta cantidad como "una barrera" para seguir adelante.
La denuncia se basa en la comisión de delitos de malversación, prevaricación y falseamiento de cuentas públicas. El letrado ha explicado que un informe de la Cámara de Control de Cuentas detectó "graves irregularidades" en la constitución de la sociedad mixta que iba a levar el mantenimiento, ya que se saltaron "todo el procedimiento" de contratación y contrataron a socios de la propia sociedad.
El documento, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que los citados delitos son imputables a Alberto Ruiz Gallardon en cuanto alcalde de Madrid y máximo responsable municipal en la época en que suceden los hechos (hasta 2011), sin perjuicio de la responsabilidad de otros copartícipes en los hechos, puestos de relieve por "el informe de la Cámara de Control de Cuentas de Madrid sobre la denominada empresa Madrid Calle 30 S.A. prestadora del servicio de mantenimiento de los túneles de la M-30.
El abogado ha manifestado que existen indicios de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "no tiene interés" en perseguir a Gallardón al haber "un pacto de no agresión" hacia el PP. "Esa persecución es su obligación como alcaldesa y si no quiere hacerla, que se vaya", ha aseverado.
Contrapoder es un partido fundado por abogados para impugnar los avales del PP, pactados por PSOE y los populares, para las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.