Díaz ha hecho pública su decisión en la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde ha comparecido a petición propia para informar acerca de su relación con la empresa Davelco S.A.
Esther Díaz, ha dicho que presentará "de forma inmediata" su renuncia al presidente autonómico, Javier Fernández, para dejar de ser "blanco fácil" de críticas que dañen al Gobierno asturiano o al PSOE. No obstante, ha asegurado que "no" ha incumplido la legalidad vigente y ha defendido su actuación "transparente".
Díaz, la primera consejera asturiana que dimite en esta legislatura, aseguró que "nunca" ocultó ni camufló su patrimonio, ni utilizó "argucias legales para disimularlo". Además, ha remarcado que "nunca hubo reparos ni se pidieron aclaraciones sobre posibles incompatibilidades" en su declaración de bienes y patrimonio.
"He venido aquí a desnudarme de manera metafórica", ha asegurado durante su comparecencia, en la que ha lamentado el daño que se ha hecho en los últimos días "al buen nombre de empresas" y a su trayectoria política que, sostiene, ha estado marcada por la "honestidad".
SE VA "CON LA CONCIENCIA TRANQUILA"
Esther Díaz ha asegurado que se va "con la conciencia tranquila" después de 22 años como afiliada al PSOE y de haber sido alcaldesa de Langreo y consejera de Bienestar Social y Vivienda, remarcando su "fuerte vocación política" y su actuación "de buena fe". "No he vulnerado la ley ni he intentado esquivarla", ha resaltado, lamentando que, sin embargo, ya se dictó "veredicto" para su "deshonra" y ha sido condenada "a pena de picota".
Díaz, que ha tenido palabras de gratitud para Javier Fernández, ha defendido su actuación "transparente" tanto en su gestión como alto cargo de la administración local y autonómica como en la declaración de su patrimonio, que incluye un 19,8% de las acciones de la empresa Davelco.
"Nunca intermedié, presioné ni beneficié a empresas", aseguró advirtiendo de que las normas futuras "no vinculan jurídicamente porque no existen". De este modo, resaltó que el proyecto de Ley de Buen Gobierno --en el que se restringe el criterio de incompatibilidades hasta porcentajes del 10% de participación en empresas con contratos públicos, subcontratas o entidades subvencionadas-- aún no ha sido aprobado por el parlamento autonómico y por tanto, la que está en vigor es la norma de 1995. Al respecto, reiteró que no incurrió en incompatibilidades ni le fue advertida esa posibilidad.