De hecho, había sido uno de los asuntos que más discusión había motivado en este vigésimo primer debate sobre el estado de la nación, tras la sentencia del TC y la multitudinaria manifestación celebrada en Barcelona el pasado día 10 en protesta por el fallo.
Salvo el PSC, las fuerzas políticas que hace tres días apoyaron una declaración de mínimos en el Parlament -ERC, ICV y CiU- habían pactado una enmienda para que el Congreso respaldase el documento del Parlament, donde se transcribe el preámbulo del Estatut, que definió a Cataluña como nación.
Una iniciativa a la que finalmente no ha querido adherirse el PSOE, lo que, a juicio del resto de fuerzas políticas, ha colocado a los socialistas catalanes en una posición incómoda y contradictoria.
Pero los socialistas catalanes han justificado su voto contrario a esas propuestas aduciendo que la resolución del PSOE era más completa y más ambiciosa, pues iba más allá de la mera reproducción del preámbulo del Estatut para proponer una salida al conflicto generado tras la sentencia del Constitucional.
Incluso tampoco han podido mantener la unidad entre las fuerzas que se definen como catalanistas, habida cuenta de que ICV se ha abstenido en la votación de la propuesta del PSOE, en tanto que CiU y ERC se han manifestado en contra.
La resolución socialista ha fracasado y ha conseguido únicamente el apoyo de sus 169 diputados, la abstención de Coalición Canaria, IU e ICV, y el voto contrario del resto de diputados de la Cámara.
Tampoco han prosperado las resoluciones de CiU, ERC e ICV, que querían trasladar al Congreso la declaración de mínimos aprobada la semana pasada en el Parlament catalán, ni las del PP y UPyD.
Durante la defensa de su iniciativa, el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, ha subrayado la disposición del PSOE a "explorar los caminos constitucionales" que permitan modificar aquellas partes del texto estatutario que el TC ha corregido.
Josep Sánchez Llibre, en nombre de CiU, ha emplazado al Congreso a defender el contenido del Estatut y su pleno desarrollo, así como a reconocer que "no hay tribunal" que pueda juzgar los sentimientos y la voluntad de los catalanes.
Un paso más allá ha ido el portavoz de ERC, Joan Tardà, quien ha sido tajante al afirmar: "Si no cabemos en la Constitución española, debemos hacer una constitución catalana en la que caber".
Por ICV, Joan Herrera ha pedido un compromiso con un calendario concreto para desarrollar el Estatut y el autogobierno catalán.
Desde otro ámbito distinto se han pronunciado PP y UPyD. Así, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado al Gobierno de no tener "una idea clara de España" y ha considerado que el debate sobre el Estatut "nació para que José Luis Rodríguez Zapatero intentara ganar unas elecciones autonómicas y se quiere revivir precisamente para no perderlas".
Rosa Díez, de UPyD, ha censurado a todos los que "propugnan el incumplimiento de la sentencia del TC, tanto a las más alambicadas, como las del PSOE, como las más claras, de los nacionalistas".