El texto, recogido por Europa Press y que lleva la firma de la portavoz de DL en la Comisión de Justicia del Congreso, Lourdes Ciuró, recuerda que desde 2011 para poder acceder a la profesión de abogado es imprescindible, además, de haber obtenido el grado en Derecho y el máster de acceso a la Abogacía, haber superado la correspondiente prueba de acceso.
Hasta ahora, según Ciuró, todos esos exámenes se han realizado exclusivamente en lengua española de manera exclusiva, sin dar opción a que los aspirantes puedan hacerla en alguna de las lenguas cooficiales.
La diputada de DL apunta, asimismo, que el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, en nombre del Gobierno, adquirió en septiembre del año pasado el compromiso de buscar "fórmulas para atender las peticiones" de que la prueba de acceso pueda realizarse en todas las lenguas oficiales, de acuerdo con el derecho de la ciudadanía a relacionarse en cualquier lengua cooficial con la Administración General del Estado.
900 AFECTADOS EN CATALUÑA
Ciuró denuncia que, en el caso de Cataluña, este incumplimiento afecta a día de hoy a más de 900 graduados en Derecho, y todo ello a pesar de que el Gobierno autonómico "estaba dispuesto a asumir el coste y proporcionar los recursos necesarios para traducir la prueba de forma rigurosa y confidencial".
"A pesar de lo expuesto, el Ministerio de Justicia ha ratificado su intención de que las pruebas se sigan realizando únicamente en lengua española", se lamenta Ciuró.
Por todo ello, DL quiere que el Congreso inste al Gobierno a cumplir el citado compromiso y a buscar las fórmulas adecuadas para garantizar los derechos de la ciudadanía a relacionarse con la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales y, en concreto, para la realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogado.
También reclaman al Ejecutivo que cumpla con la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de aplicación de la Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias, que exige intensificar las medidas prácticas destinadas a garantizar la adecuada presencia de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado.