La máxima responsable de este departamento, Lucía Figar, ha presentado su dimisión este mismo jueves, no sin antes, convocar a los medios de comunicación a un encuentro en el que los periodistas han podido ver la documentación relativa a dos empresas por las que, presuntamente, Figar estaría imputada --ella desconoce de momento los delitos que se le acusan--.
Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga a Figar por contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas de Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es', donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.
Fuentes de la Consejería han explicado que la relación de Figar con De Pedro era "muy esporádica", y que en algún momento se vio con él porque estaba muy interesado en tener el contacto directo con los políticos. Además, fuentes próximas coinciden en señalar que centraba todo su interés en ofrecer sus servicios y conseguir más contratos.
En el caso de Educación, por un lado, están los contratos con Madiva, por un importe de 59.306 euros, durante los años 2012, 2013 y parte de 2014 (hasta que saltó la trama). La factura mensual con esta empresa, que variaba ligeramente en función de mayor o menor actividad, rondaba los 1.800-2.000 euros.
Todas las facturas están fiscalizadas, como se ha podido comprobar con la documentación ofrecida, y firmadas por tres personas de la Consejería de Educación: el interventor, el subdirector general de régimen interno, y el entonces secretario general técnico, y ahora viceconsejero Manuel Pérez.
En este caso, a Madiva se le contrató para mejorar el posicionamiento en Internet de las informaciones de la Consejería a través de las redes sociales. En este punto, fuentes de Educación han asegurado que todas las informaciones que se movieron en redes sociales a través de esta empresa eran las mismas que se enviaban al resto de medios (prensa, radio, televisión y agencias).
Además, enmarcan este servicio como un instrumento más de un gabinete de comunicación. En este punto, aclaran que el importe mensual que se estaba pagando se situaba en la media de lo que se viene pagando por un servicio de clipping, e insiste en que todo estaba fiscalizado, siendo la Tesorería la que hacía en última instancia los pagos.
PÁGINA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Por otro lado, está el contrato con EICO, empresa a la que contrataron para hacer una página web donde potenciar la marca Madrid de cara a los estudiantes en el extranjero, por un importe de 21.700 euros aproximadamente.
Todo ello después de un cambio en una ley orgánica del Ministerio de Educación presidido por José Ignacio Wert que daba vía libre a las universidades para elegir a sus alumnos. Desde Educación se consideró una buena idea aunar toda la oferta educativa de Madrid para los alumnos extranjeros, teniendo en cuenta que ya existía una de la Cámara de Comercio con toda la información de España.
Para la elaboración de esta página, hubo un contacto permanente, según las mismas fuentes, con rectores y vicerrectores de las universidades, cuyos encuentros, han asegurado, están acreditados. Esta página web (www.studyinmadrid.es) sigue funcionando con normalidad.
Desde Educación aclaran que toda esta documentación fue enviada al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cuando fue requerida. También han señalado que en enero se requirieron contratos con Cofely, en la línea de todos los contratos que podía haber existido en la Comunidad con esta empresa.
Asimismo, se pasó información de dos colegios concertados de Valdemoro y Torrejón de Velasco. Esta documentación no obraba en manos de la Consejería de Educación y se solicitó a los ayuntamientos afectados que lo enviaran.