El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, asevera, en el auto que ha dictado para acordar la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, "que no se acaba de entender que S.M. El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido" para instarle a desvincularse del Instituto Nóos.
"E incluso que consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento lo que le debería haber llevado a Doña Cristina a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido", expone el juez en la resolución judicial, en la que cita a declarar a la Infanta para el próximo 27 de abril.
Castro afirma que a partir de la declaración de Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de la Infantas, Carlos García Revenga, "surgen una serie de indicios que hacen dudar" que la Infanta Cristina "desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.".
Cooperadora necesaria
El juez además ve a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos, de forma que sin la presencia de la hija del Rey Don Juan Carlos en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.
Así, en el auto, el magistrado asevera que la actuación de la Infanta podría ser calificada como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos por el Duque, o "cuando menos" de complicidad.
En la resolución, el juez se muestra tajante al aseverar cómo la mujer de Urdangarin y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga -también imputado-, prestaron su consentimiento para que su parentesco con la Casa Real fuera utilizado por Urdangarin y por Torres "a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas".
La justicia, "igual para todos"
Además, Castro asegura que ha decidido imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que "se perpetúe la incógnita" de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un "cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite".
Por ello, ante los "indicios" existentes, el juez considera "inevitable" que la hija del Rey preste declaración, al objeto de despejar "cualquier duda", dado que "hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener y si fuere otra la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan".
No obstante, Castro aclara que "quede bien claro" que su imputación "no prejuzga en absoluto actuaciones procesales ulteriores", de tal manera que señala que queda "absolutamente incólume todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto, desde la de su anticipado sobreseimiento, hasta la de abrir el cauce para posibilitar al Ministerio Fiscal, acusación particular y popular que formulen sus reproches penales y a los actores civiles sus pretensiones civiles".