Según recuerda ERC, el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, el cumplimiento y la convocatoria de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular en su territorio, exceptuando los que la Constitución española reserva al Estado.
El Parlamento catalán aprobó una Ley de Consultas para desarrollar esa competencia pero fue impugnada por el Gobierno del PSOE y suspendida por el Tribunal Constitucional alegando que la Carta Magna reserva al Gobierno central la autorización de consultas sobre asuntos de especial trascendencia.
REGISTRADA TRAS LA DIADA
La formación independentista entiende que "el referéndum debería ser un mecanismo normalizado de expresión política en cada una de las Administraciones con poder de decisión", pero "esta normalización está obstaculizada de manera incomprensible por la autorización previa estatal a cualquier referéndum de una Comunidad Autónoma o municipio".
Lo que plantea ERC, según la iniciativa registrada tras la manifestación de la Diada, es aprovechar el mecanismo de la delegación de competencias que permite la Constitución en su artículo 150.2 para que el Pleno del Congreso inste al Gobierno central a ceder esa autorización a la Generalitat en un plazo de seis meses y así "permitir en toda su magnitud la Ley de consultas catalana e, incluso, aumentar su profundización democrática".
"Extender el derecho de participación directa de la ciudadanía respecto a las decisiones y acuerdos sobre aspectos de especial trascendencia política que afecte al ámbito estricto de las Comunidades Autónomas, haría posible una articulación del poder evidentemente más participativa", sostienen.