MADRID 26 (EUROPA PRESS)
La Fundación para la Libertad ha preparado un documento en el que hace un llamamiento a la sociedad y que remitirá al Gobierno y a los partidos políticos en el que pide a estos últimos que hagan un pacto para "liquidar" a ETA y limitar el proyecto político totalitario y secesionista que defienden sus "adláteres". Además, la Fundación se muestra muy crítica con la presencia de los llamados mediadores internacionales y también con la asunción por parte del Gobierno de conceptos formulados por el mundo de ETA que, dice, "son falsos" y además recalca que los terroristas han descubierto y aprovechado la "vulnerabilidad" de los interlocutores gubernamentales "prisioneros de alcanzar un arreglo con la banda".
Este texto de doce páginas no se refiere sólo al terrorismo, sino que habla de "restañar" los "grandes consensos nacionales" y precisa que las principales aspiraciones deben ser "la continuidad nacional, la viabilidad del Estado y el fortalecimiento de las instituciones". En este punto, precisan que "se hace urgente reparar los desperfectos que hayan podido dañar los grandes consensos nacionales entre las dos formaciones políticas llamadas a gobernar".
El capítulo al que dedican más espacio es el de la "política antiterrorista" en el que apuestan en todo momento por la derrota de ETA. De hecho, reclaman a las fuerzas políticas constitucionales el "consenso necesario para liquidar ETA y limitar el proyecto político totalitario y secesionista que defienden sus adláteres".
Piden, en este punto, que se respete el ordenamiento jurídico y que en el proceso de liquidación del terrorismo el sistema quede fortalecido sin que quede en "entredicho" como parece que ocurre en el momento actual ante la "espiral de actuaciones propagandísticas de la banda y sus aliados".
Por ello, creen "imprescindible" que el Gobierno central y autonómico "no concedan" la iniciativa política al entorno proetarra que "sólo pretende rentabilizar la situación haciendo materializable su proyecto político en un horizonte temporal próximo". Es decir, se trata, dicen, de que "de este envite" salga fortalecida la Constitución española de 1978.
Para ello, la Fundación deja claro que la "liquidación" de ETA no debe hacerse a partir de la "impunidad" de los criminales, ni sobre la negociación de concesiones políticas sino con respeto a la "dignidad" de las víctimas y esta dignidad debe sustentarse, precisan, más que en homenajes y discursos, en el "respeto al marco de la legalidad jurídico-política".
LA AMENAZA DE ETA SUBSISTE
En el documento se refleja la firme creencia de que la "amenaza que ETA representa, subsiste" y no desaparecerá hasta la "total y definitiva disolución de la banda". No obstante, aclaran que la situación en que se encuentra la organización se debe a la resistencia de los demócratas, la presión policial contra elle y la colaboración internacional.
Pero también avisan de que durante el fracasado proceso de negociación de 2006-2007, ETA-Batasuna descubrió una serie de "factores favorables a su causa" como es la "vulnerabilidad de los interlocutores gubernamentales prisioneros de alcanzar un arreglo con la banda". Una debilidad, dicen, que los terroristas han utilizado con "singular éxito" para la conversión de su "derrota policial en una victoria política".
Además, la Fundación advierte de que ETA también es consciente de ha monopolizado el discurso político, dominando su iniciativa y se ha aprovechado de la "benevolencia" de los observadores internacionales".
Todo ello, ayudado por el apoyo publicitario de sus actos y por el hecho de que las autoridades políticas han asumido "de forma precipitada" conceptos formulados por el mundo de ETA como "nuevo tiempo político", "oportunidad histórica", "diálogo y acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo". Conceptos que, según el documento, son "falsos" y "potencialmente destructores de los fundamentos del actual marco democrático".
Por ello, advierten de que las políticas de negociación solo llevan a la división de quienes deben combatir juntos el terrorismo, facilitan la manipulación del normal deseo de erradicar la violencia, relativizan los marcos negociadores y "siempre debilitan al Estado". Mientras que, aseguran, una política que apueste por el "final de derrota del terrorismo" sólo acumula "ventajas" frente a la banda, como desincentivar la práctica del terror, privilegiar los mecanismos legales o evitar que el Estado asuma parte del argumetario terrorista, entre otras.
EL ULTIMO CHANTAJE DE ETA
En su documento, la Fundación deja claro que ahora ETA quiere someter al Estado a un "último chantaje" como es posponer su desaparición condicionándola a la obtención de determinadas concesiones.
En este contexto se enmarca la "teoría de la resolución de conflictos" y la posición de los llamados "grupos de mediación" que se "arrogan" una "facultad arbitral" sólo reconocida por ETA y sus "adláteres políticos". Sin embargo, dejan claro que tales mediadores "pasan por alto" que "España es una democracia consolidada"; que la respuesta de la sociedad al desafío etarra nunca ha sido violenta por lo tanto no hay "conflicto civil" y además, señalan que la experiencia de otros procesos que abocan a la total o parcial impunidad de "notorios violadores de derechos humanos" no han pacificado de forma auténtica "en ninguna parte del mundo".
Por ello, insisten en su llamamiento al consenso entre las formaciones políticas para que quede claro que la única violación sistemática de derechos humanos ha sido la que ha protagonizado ETA; que las instituciones democráticas en España son una realidad consolidada, que la política antiterrorista debe procurar la "derrota operativa y política" de ETA; que se debe presionar judicial, policial, social, política e incluso ideológicamente y que la democracia debe saber dotarse de una narrativa que de cuenta del auténtico significado de cincuenta años de terrorismo etarra. NO AL CONSTITUCIONALISMO EXPERIMENTAL
El citado documento también aborda otros aspectos para los que insiste en la necesidad de consenso. Así, en el capítulo de política territorial apuesta por la "necesaria estabilidad constitucional que hace imprescindible que cualquier reforma de carácter institucional sea pactada por los dos grandes partidos PP y PSOE"; que los acuerdos con las formaciones nacionalistas "no pueden dar lugar a fases de constitucionalismo experimental que más parecen profundas mutaciones constitucionales" y que debe haber un "consenso muy fuerte, edificado sobre una mayoría electoral amplia podría poner al gobierno que lo liderase en la tesitura de afrontar" una serie de objetivos.
Entre estos, cita el de lograr la culminación estable que circunscribiera con exactitud el modelo territorial; fortalecer la competencias del Estado fijando un núcleo básico intransferible; garantizar el derecho a utilizar, aprender y ser instruido en lengua española en todo el territorio nacional y reforzar la independencia del TC y los órganos de gobierno del poder judicial.
La política exterior y la posición que España debe tener en el mundo, la política educativa con la búsqueda de la calidad y la necesidad de sentar los cimientos de una recuperación estable en materia de política económica son los otros aspectos que aborda el citado documento de la Fundación para la Libertad.