El examen externo realizado al Tribunal de Cuentas por organismos similares europeos ha reconocido que la institución española tiene una imagen pública de órgano politizado y entre otras medidas propone cambiar el sistema de elección de consejeros, rotar al personal, reducir el peso de los cargos directivos en la plantilla y acotar la asignación 'a dedo' de puestos de responsabilidad.
El presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, no descarta incluso ser el primero en fomentar la rotación de consejeros renunciando a seguir al frente de la entidad cuando la institución vote en julio la renovación de su principal referente público.
Por primera vez en su historia, el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de 'Revisión entre Pares'(Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el de Portugal y este lunes entregaron los resultados al presidente de la institución española.
Para realizarlo, los organismos europeos han entrevistado a más de 60 dirigentes del Tribunal de Cuentas, ha habilitado cuestionarios anónimos que ha respondido la mitad de la plantilla y ha sondeado a instituciones que han sido objeto de sus informes de fiscalización. El examen ha durado unos ocho meses.
MÁS AÑOS DE MANDATO SIN OPCIÓN A RENOVAR
Sobre la independencia, el equipo revisor ha observado "la existencia de una percepción pública de influencia política en los consejeros del Tribunal de Cuentas", aunque asegura que en su examen "no se evidenciaron hechos concretos que pudiesen resultar de tal influencia".
A su juicio, "el marco jurídico de nombramiento de los consejeros del Tribunal es conforme con los criterios internacionalmente reconocidos", pero entiende que puede ser "fortalecido" para reforzar su independencia. Su receta es optar por el modelo alemán que implica mandatos más largos (pasando de los nueve años actuales a doce), pero sin posibilidad de renovación.
Además, y en lugar del actual sistema que renueva la institución en bloque (los doce consejeros al mismo tiempo), el informe sugiere la conveniencia de elegirlos por tandas, como se hace en el Tribunal Constitucional, que se renueva parcialmente cada tres años.
Los auditores europeos abogan igualmente por aplicar rotaciones entre los consejeros y los distintos puestos de responsabilidad. En la actividad fiscalizadora existe el principio de que, a partir de cinco años en el mismo puesto, puede empezar a darse lo que se denomina "riesgo de auditoría" que hace que los exámenes no sean tan exhaustivos como al principio.
CAMBIOS EN LA UNIDAD DE PARTIDOS POLÍTICOS
Esas rotaciones se deberían aplicar a los consejeros para que no puedan estar en la misma sección mucho tiempo. Esto afectaría a la unidad de partidos políticos, que viene contando con una veintena de trabajadores y dos consejeros al frente, que tradicionalmente fueron avalados en su día por los partidos mayoritarios.
Álvarez de Miranda se muestra partidario de transformar la unidad en un departamento, lo que implicaría aumentar el personal (en torno a medio centenar) y dejar a un sólo consejero como responsable, que se elegiría por sorteo y que cambiaría cada año, como recomienda el informe europeo.
Y en aras del principio de rotaciones que aconseja el informe, el presidente está dispuesto incluso a ser el primero en aplicárselo en julio, cuando toca votar la renovación (los consejeros tienen un mandato de 9 años pero cada tres años votan la Presidencia). Eso sí, Álvarez de Miranda sólo lleva tres años en el cargo y no cierra tampoco la puerta a la renovación. "No excluyo nada", ha dicho en un encuentro con periodistas
TENSIONES Y MÁS JEFES QUE INDIOS
Respecto a la situación del personal, el informe advierte "tensiones" en la institución, derivadas originalmente a su origen profesional, pues la mitad se han formado en el propio Tribunal y la otra son interventores que trabajaban en otros órganos de la Administración.
Además, cree que hay demasiados directivos en relación con la plantilla, pues el Tribunal presenta una proporción de uno por cada cuatro trabajadores cuando debería estar en una media de uno por cada siete. Esto implica menos directivos o "más ejército".
Asimismo, y aun cuando se valoran las oposiciones para entrar en el Tribunal de Cuentas, se denuncia un uso excesivo del procedimiento de libre designación para la promoción interna. El propio Álvarez de Miranda prometió en su día aplicar el concurso público para los puestos de nivel 28 (jefes de equipo), 29 (superior a dos jefes de equipo) y 30 (subdirector general), tres categorías que actualmente son de libre designación.
El Tribunal de Cuentas tiene un déficit de personal, fundamentalmente en el área de partidos políticvos, las actuaciones previas y las sedes territoriales, pero lleva ya cuatro años sin poder hacer oposiciones, más allá del 10% de la tasa de reposición por jubilaciones. La idea de Álvarez de Miranda es volver a convocar oposiciones y destinar la mitad de las nuevas incorporaciones a la unidad de partidos políticos, que ha tenido que echar mano de auditores de otras secciones.
El respaldo a las oposiciones permite a la institución española da por zanjada la polémica de las relaciones familiares en su seno, ya que se trata de personas que se incorporaban a la institución hace 25 años sin que entonces ocuparan puestos de responsabilidad. Los tribunales portugués y europeo han avalado las contrataciones públicas de obras y servicios llevadas a cabo estos años.
INFORMES MÁS BREVES Y DIVULGATIVOS
En cuanto a los informes de fiscalización, los auditores externos subrayan la objetividad de sus resultados, aunque aconsejan que "éstos deberían ser más breves y divulgativos" y que debería establecerse un marco de control de calidad y un sistema de seguimiento de sus recomendaciones. Apuntan incluso la posibilidad de imponer sanciones para quien no las cumpla, algo que exigiría cambios legales.
Y respecto a la función de enjuiciamiento, los revisores aconsejan
"promover una reformulación del marco legal para simplificar los procedimientos jurisdiccionales", aunque sostienen que actualmente se cumplen las garantías legales y procesales y se asegura el respeto de los derechos y garantías de defensa.
En cuanto a la transparencia, tanto en relación con su actividad y como con sus principales procedimientos de gestión interna (incluyendo los ámbitos de personal y contratación), los revisores han destacado cómo el Tribunal de Cuentas persigue una política de transparencia y apertura, fundamentalmente a través del contenido de la información que ponen en la web a disposición de los ciudadanos, así como que su actividad de contratación pública es conforme en general con el marco jurídico aplicable, la Ley de Contratos del Sector Público.
Por último, el informe constata que no todos los aspectos que condicionan el funcionamiento del Tribunal de Cuentas se encuentran al alcance de la Institución, pues "existen limitaciones legales y restricciones externas en relación a la organización y el funcionamiento de la Institución".
De entrada, recomiendan aprobar una estrategia institucional a medio plazo para ir más allá de los planes anuales e ir planificando la aplicación de las recomendaciones, y apunta la conveniencia de buscar la independencia económica de la institución.