Por ello Barberá, que dirigió la Viceconsejería de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010 y está imputado en el caso de los ERE por Alaya --quien le atribuye cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial--, se ha limitado a leer un breve comunicado en el que ha recordado que la Constitución Española reconoce su "derecho fundamental a la defensa en el proceso penal con todas las garantías que este procedimiento recoge" y que, por tanto, elige, por recomendación de su letrada, no declarar ni contestar preguntas en esta comisión parlamentaria.
Además, ha señalado que el hecho de que se le obligue a permanecer presente en la sala mientras los grupos parlamentarios formulan sus preguntas puede suponer también "una merma o lesión de su derecho de intimidad". "Dejo constancia expresa de mi desacuerdo para que así conste en acta", ha añadido para concluir su intervención.