En su declaración inicial en esta sexta jornada de comparecencias, Gómez, que dirigió la Intervención General entre 2000 y 2010 y fue interrogado como testigo por la Guardia Civil en octubre de 2011 al haber emitido informes desfavorables sobre cómo el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) pagaba a los prejubilados de los ERE mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo, ha insistido en que estas Administraciones, por "sentido común", debieron "tomar medidas" al respecto porque, según ha ejemplificado de una forma muy gráfica, "sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas" y, en lugar de llamar a los bomberos, "esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico".
Con todo, Gómez ha insistido en la "legalidad" de las ayudas sociolaborales a empresas y a individuales y ha querido poner en valor el papel y el trabajo de la Intervención General de la Junta de Andalucía. "Es evidente que ningún sistema de control, por perfecto que sea, podrá prevenir de abusos y de fraude, pero en este caso creo que el dispositivo de control ha dado los resultados que se deben", ha valorado.