El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que Greenpeace tiene una concepción de la "convivencia pacífica y del ejercicio del derecho de reunión y manifestación que dista mucho de lo que determinan la Constitución y del ordenamiento jurídico".
Así se ha pronunciado Fernández Díaz al pedírsele opinión sobre la protesta contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha llevado a cabo la organización ecologista este martes, cuando dos de sus activistas se han encaramado a una grúa junto al Congreso y han sujetado durante cuatro horas una pancarta con el lema 'Protestar es un derecho'.
En declaraciones a los periodistas durante el acto de entrega de las condecoraciones de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, en el Ministerio de Sanidad, el titular de Interior ha vuelto a defender que esa norma, que entrará en vigor este miércoles, es más garantista que la vigente desde 1992.
Tras recordar que el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia de Protección de Datos avalaron la constitucionalidad del proyecto de reforma que elaboró en su momento el Gobierno, ha subrayado que él da más crédito a la opinión de estos órganos institucionales, que tienen "conocimientos constitucionales y del ordenamiento jurídico", que a quienes se manifiestan contra esta reforma, si bien ha reconocido que "tienen derecho a pensar lo que quieran".
"Con todos los respetos, me merecen más crédito los informes de esos órganos institucionales que han avalado la plena constitucionalidad de la ley que los de algunas personas que están fundamentadas en una concepción de la convivencia pacífica y del ejercicio del derecho de reunión y manifestación que distan mucho de lo que determinan la Constitución y el ordenamiento jurídico", ha dicho.
LA PROTESTA NO TIENE "MUCHO SENTIDO"
En este contexto, ha incidido en que él no tiene "duda" de la plena constitucionalidad de esta ley, a la vez que ha garantizado que, en cualquier caso, el Gobierno estará "a lo que diga el Tribunal Constitucional" sobre el que recurso inconstitucionalidad planteado por el PSOE y otros grupos de la oposición.
"Esa ley sólo debe preocupar a los violentos", ha reiterado, remarcando que la nueva norma "establece mayores garantías que la vigente" porque "concilia de forma adecuada libertad y seguridad" y, entre otras cosas, "regula por primera vez la figura de la retención" y "prohíbe redadas basadas en perfiles étnicos".
También ha defendido la reforma el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien, desde los pasillos de la Cámara Baja, ha comentado que, a su juicio, la protesta llevada a cabo por Greenpeace "no tiene mucho sentido".
En este sentido, ha hecho hincapié en que con la nueva ley "las protestas siguen absolutamente permitidas" si bien "estarán sometidas a una serie de condiciones porque es "improcedentes equiparar las manifestaciones legales a las ilegales y hay que cumplir las normas".
Por contra los activistas de Greenpeace que ha vuelto a mostrar su rechazo a la 'Ley Mordaza' en el Congreso han recibido el apoyo de representantes de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Amaiur que han hecho declaraciones al respecto a los medios de comunicación.
"PROTESTA SIMBÓLICA" CONTRA UNA "BARBARIDAD" DE LEY
Para el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, se ha tratado de una "protesta simbólica" contra una ley "que es una barbaridad" y que tiene a todo el mundo en contra salvo al PP.
El portavoz de la Izquierda Plural ha señalado que es "lógico" que se produzcan acciones de este tipo que lo que intentan demostrar es que "de ninguna manera un sistema autoritario va a frenar la protesta". Por último, desde Amaiur Rafael Larreina, ha incidido en que "protestar nunca puede ser delito".