El representante del Ministerio Público ha recalcado que, si bien Matas "no era un órgano de contratación", tomó decisiones sobre estos expedientes y "su trayectoria política es significativa e inequívoca al respecto". De hecho, ha apuntado a la imposibilidad de que, ante lo elevado de los importes, estos fuesen acordados "sin que fuesen refrendados" por el expresidente "dada la estructura vertical impuesta por él".
"Es quien elige y nombra al director general de Deportes José Luis Ballester y al gerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal [también acusados], quien decide que sea desde el Illesport desde donde se hagan los contratos y se paguen", ha abundado Horrach, aseverando que esta última entidad pública era "una apariencia de fundación".
No obstante, el fiscal ha aseverado que si bien Matas fue el responsable de la contratación de Urdangarin "de forma fraudulenta, no se le puede hacer responsable de la falta de control del destino de los fondos".
Horrach ha manifestado que el papel que ejerció Matas fue decisivo para que el Govern destinase de forma irregular, en concreto, 1,2 millones de euros a la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional del Illes Balears.
El representante del Ministerio Público ha repasado asimismo cómo se tramitaron los convenios con el Instituto Nóos tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana, recalcando que "es obvio que toda decisión política debe traducirse en un proceso administrativo".
"¿Dónde está la motivación en los convenios?" se ha preguntado Horrach, quien ha recriminado la falta de "Transparencia y publicidad", que son "el fundamento de todas las reglas de contratación pública". Asimismo, ha criticado la ausencia de concurrencia y control del gasto. "Ni se justificó ni se produjo", ha espetado.
El responsable de la acusación pública ha apuntado cómo los exaltos cargos públicos, de común acuerdo con los dirigentes de Nóos, "tomaron decisiones arbitrarias" e hicieron "un ejercicio abusivo de poder". "No es suficiente el contrato para entender justificado el gasto, debe acreditarse. Se han infringido deliberadamente todos los principios", ha remachado.