Así consta en el escrito de acusación emitido por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, contra los 21 actuales y antiguos responsables y técnicos municipales de los sucesivos gobiernos de PP y RRUU imputados en el marco de este procedimiento, que investiga adjudicaciones irregulares desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento roteño y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el exalcalde y otros responsables de la Corporación.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de Rota daba por finalizada la instrucción del 'caso Uniformes' a principios de febrero y dio traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulasen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El juzgado instructor consideró que existen "indicios racionales de criminalidad" por la adjudicación irregular desde 2004 a empresas vinculadas con el exalcalde y otros responsables municipales. Se trata de la sociedad cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L., y Coanda Costuras S.L.U.
Significa que esta última vino a sustituir en 2008 a las dos anteriores para "burlar la prohibición de contratar con la entidad local" y que no aparecieran como titulares o administradores de la misma el entonces alcalde ni los concejales.
Según el auto del juzgado, los responsables de las citadas empresas, con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".
Durante el tiempo de los hechos investigados, pese a las prohibiciones de contratar que existían, fueron adjudicados contratos a las mencionadas empresas por parte del Ayuntamiento, fundaciones y empresas municipales cuantificados por la Fiscalía en 790.528 euros.
PENAS SOLICITADAS
El Ministerio Fiscal solicita para los acusados penas que van desde los nueve años de inhabilitación a los cinco años de cárcel y 19 de inhabilitación que reclama para el exalcade, a quien considera responsable de los delitos de prevaricación continuada, gestión interesada continuada y falsedad.
Para Eva Corrales solicita 15 años de inhabilitación y cinco meses de prisión como autora de un delito de prevaricación continuada y cooperadora necesaria de gestión interesada continuada.
Para el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña --primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota desde 2003 y miembro de la Junta de Gobierno Local hasta 2011--, solicita nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de alcalde, concejal o cualquier otro cargo de elección popular en el ámbito local, así como de empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
Cabe recordar que Eva Corrales causó baja en el PP tras ser recientemente condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años y seis meses de cárcel y a once años y medio de inhabilitación por el 'caso Horas Extra'.