En una entrevista al diario El Comercio, Guillén manifestó que el abogado del ex presidente (1990-2000), César Nakazaki,"sabe que la sentencia condenatoria se viene de manera inexorable".
Agregó que en el proceso, que se inició en diciembre de 2007 y se espera que acabe a finales de marzo de este año, ya "se ha presentado material probatorio que demuestra de manera consistente que (Fujimori) es culpable".
"Al ver las pruebas condenatorias, Fujimori está desesperado", acotó Guillén.
La Fiscalía ha pedido que ex mandatario sea sentenciado a 30 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el "autogolpe" de Estado de 1992.
En sus declaraciones a El Comercio, Guillén desestimó las versiones que señalan que no existen pruebas firmes contra el antiguo gobernante.
Según el fiscal, durante el proceso, las declaraciones de 13 integrantes del grupo militar encubierto Colina, autor material de las matanzas más emblemáticas del régimen fujimorista, han demostrado la responsabilidad del ex presidente en los delitos que se le imputan.
"No hay omisión (tampoco) porque sus órdenes fueron precisas y concretas para que funcionara un aparato de guerra sucia, dirigido operativamente por Vladimiro Montesinos", el ex asesor de Inteligencia de Fujimori, recalcó el fiscal peruano.
En ese contexto, Guillén reiteró que el ex presidente fue el jefe del aparato de poder, que él mismo construyó, para combatir el terrorismo "con métodos de guerra sucia aplicadas por Colina".
Al comentar las opiniones divididas entre la población en torno al costo social de la lucha contra el terrorismo durante el régimen fujimorista, subrayó que ese logro "no exime a Fujimori de su responsabilidad penal".
El Estado tuvo la obligación de defenderse con las armas de la ley", indicó al matizar que las fuerzas de seguridad, las organizaciones civiles y las autoridades locales contribuyeron en su conjunto a derrotar al grupo Sendero Luminoso.
La violencia en los años del terrorismo entre 1980 y 2000 se saldó con más de 69.000 muertos, la mitad de ellos a manos de Sendero Luminoso, según concluyó en 2003 la Comisión de la Verdad y la reconciliación (CVR).