En la denuncia, consultada por Europa Press y que también va dirigida contra la secretaria de Administración de UGT Sevilla, Pilar Orellana, y el vicesecretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda, UPyD solicita al Ministerio Público que investigue igualmente si la Junta "podría haber incurrido en responsabilidad penal por negligencia u omisión en el debido control de los fondos públicos y su destino por parte del funcionario público correspondiente".
En el decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, explica que, "al margen de la decisión judicial sobre si finalmente se sigue o no un procedimiento judicial único sobre las distintas denuncias, si se llega a identificar similitud en el 'modus operandi' y en cuanto a personas responsables que aconsejen la investigación unificada por razón de conexidad o por tratarse en su caso de delito continuado, consta la existencia de procedimiento judicial sobre todos los hechos denunciados".
Al hilo de ello, añade que la denuncia presentada por UPyD "recoge los hechos ya denunciados" por Manos Limpias y que "son objeto de diversos procedimientos judiciales", por lo que "por imperativo legal corresponde archivar las presentes diligencias remitiendo a cada uno de los juzgados" identificados --Instrucción 4, 9, y 19-- una copia del archivo y de la denuncia de UPyD.
"Y ello al margen de que la presente denuncia plantee además la posible responsabilidad penal de la Administración autonómica competente por su falta de vigilancia sobre el destino de los fondos públicos y por la ausencia de denuncia de tales hechos", pues "tal investigación sólo procederá tras la investigación de la relevancia penal de los hechos inicialmente denunciados, por lo que no cabe tramitar nuevas diligencias de investigación" por parte de la Fiscalía.
En su escrito, la fiscal jefe recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el fiscal "cesará en sus diligencias tan pronto tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial por los mismos hechos", añadiendo que por parte del Ministerio Público "se ha comprobado" que Manos Limpias ha presentado sendas denuncias los días 13, 20, 23 y 27 de agosto y el 4 de septiembre de 2013 ante los respectivos juzgados de guardia de incidencias, que dieron lugar a distintas diligencias judiciales.
LAS DENUNCIAS DE MANOS LIMPIAS
La primera de las denuncias interpuestas por Manos Limpias, de 13 de agosto, va dirigida contra los responsables de UGT-A "por falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento, cuando los fondos se hallaban vinculados a la formación de desempleados o a cursos de formación para celadores sanitarios".
En este caso, el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha incoado diligencias previas pero "ha rechazado la acumulación del resto de denuncias planteadas por tratarse de denuncias distintas y referentes a hechos diferentes de los descritos en la denuncia inicial, devolviéndoselas a los juzgados respectivos".
La segunda de las denuncias de Manos Limpias, de 20 de agosto de 2013 y que va dirigida contra los responsables de UGT-A "por el uso de contratación eventual de adolescentes", fue recepcionada por el Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia, y remitida para su acumulación al 9, "quien ha resuelto la devolución de las actuaciones rechazando la acumulación".
El 23 de agosto, el sindicato denunció nuevamente a los dirigentes de UGT-A por los "cargos de comida a la Junta y pago de sobresueldos", lo que fue recepcionado por Instrucción 13, que estaba de guardia, y remitida igualmente para su acumulación a Instrucción 9, que resolvió la devolución de las actuaciones, que finalmente han correspondido por reparto al número 19.
INSTRUCCIÓN 9 RECHAZA ACUMULAR TODAS LAS DENUNCIAS
Asimismo, el 27 de agosto Manos Limpias denunció al sindicato UGT-A "por haber justificado gastos de asamblea con CCOO como ayuda a mujeres discriminadas o haber cargado a la Junta una cena en una caseta", una denuncia que, finalmente, ha recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción número 4.
Finalmente, la denuncia de 7 de septiembre "sobre facturación de un convite e indemnización de un ERE de 159 empleados" ha sido remitida al Decanato para su reparto después de que el Juzgado de Instrucción número 9 rechazara su acumulación, al igual que hizo con la anterior.