Fuentes jurídicas señalaron que la investigación se inició hace más de un año. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho este viernes que el caso no está vinculado a la amnistía fiscal, sino a la declaración de bienes y derechos en el extranjero aprobada en 2013.
La obligación de declarar cuentas y bienes en el extranjero contempla sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado y no supone ningún pago adicional de impuestos, sino que se trata de una mera declaración informativa, con el fin de estrechar el cerco sobre los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero sin declarar.
De esta forma, si la Agencia Tributaria descubre que un contribuyente no ha informado de una cuenta en el extranjero, imputará ese bien como ganancia patrimonial en el IRPF y, además, aunque esta cuenta se hubiera abierto en un ejercicio fiscal ya prescrito, no se considerará como tal y se girará la declaración y la sanción correspondiente al último periodo impositivo que no haya prescrito.
De acuerdo con esta obligación fiscal quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España deberán presentar, por medios telemáticos, el modelo 720 de 'Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero', con la limitación de que el valor del bien en concreto supere los 50.000 euros.
Así, deberán ser declarados todas las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.
Anticorrupción reclama asumir la investigación
Anticorrupción, que ya manifestó este jueves su intención de asumir la causa tras ser informado de los registros, considera que el contenido de la denuncia presentada por la Agencia Tributaria tiene conexión con investigaciones previas que este Departamento ya había iniciado sobre Rato y que por ello es la que debe asumir la iniciativa de las pesquisas que a partir de ahora tramitará el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal.
Serrano-Arnal es juez desde 1987 y dos años después tomó posesión del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, desde donde ha instruido causas de impacto como la derivada de la denominada "Operación Puerto" contra el dopaje en el deporte de élite, desarrollada en 2006.
A este magistrado también le correspondió imponer el pasado mes de junio una multa de 1.440 euros y la retirada del carné durante ocho meses al que fuera magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López tras ser sorprendido ebrio cuando conducía una moto por Madrid. La pena se impuso tras un acuerdo entre López y la Fiscalía.