La Fiscalía General del Estado cree que el anuncio de final de la violencia declarado el pasado 20 de octubre por la organización terrorista ETA "no tiene carácter irreversible" y que su dirección podría "cambiar su actual estrategia y retornar a anteriores posiciones" si "los acontecimientos futuros no siguieran el camino diseñado" y el logro de sus objetivos estratégicos fuera percibido como "algo inalcanzable".
Así consta en la Memoria del Ministerio Público presentada este martes con motivo de la Apertura del Año Judicial, en la que se sostiene que ETA "sigue condicionando" el cese definitivo de la actividad armada a "la amnistía y la salida de sus presos a la calle", así como al "logro de sus objetivos de territorialidad (anexión de Navarra) y autodeterminación (independencia)". Ambas peticiones son, según la Fiscalía, "manifiestamente incompatibles con la legalidad".
El departamento dirigido por Eduardo Torres-Dulce admite que el nivel de amenaza representado por ETA en España "se ha reducido" aunque "ese riesgo realmente no ha desaparecido", al mantener la banda "su estructura operativa y, por lo tanto, la posibilidad de cometer atentados terroristas en cualquier momento".
"LA DISOLUCIÓN COMO ARMA DE CHANTAJE"
En este contexto, destaca que la organización terrorista no ha expresado "ninguna intención de disolverse" y trata de "mantener de facto un tutelaje efectivo del proceso, con la disolución definitiva como arma de chantaje".
"La pervivencia de la banda terrorista continúa siendo, pues, una realidad", señala la Memoria antes de resaltar que sus aparatos y estructuras continúan manteniendo contactos para "reorganizarse y reforzar su aparato logístico". Así lo demostraría la actividad de sustracciones y recuperación de vehículos que continúa existiendo en Francia y que, a pesar de su "tendencia descendente", no ha desaparecido.
Según el Ministerio Público, el "cambio de rumbo estratégico" adoptado por la banda terrorista se debe a "la actuación del Estado de Derecho contra el terrorismo en todas sus manifestaciones y facetas", incluida la ilegalización de las formaciones políticas de su entorno. Esa situación obligó a Batasuna a reflexionar sobre el riesgo de que la propia "debilidad operativa" de ETA llevase consigo "la desaparición de la izquierda abertzale como movimiento".
A este respecto, la Fiscalía concluye que la nueva estrategia de ETA y de la izquierda abertzale ha sido adoptada como una "cuestión de supervivencia y de eficacia" para alcanzar "los objetivos de siempre con otros métodos", por lo que no está relacionada con "una reflexión o un autorreproche de tipo ético o moral por los atentados terroristas perpetrados por ETA y por las víctimas causadas".
"CRÍTICAS INTERNAS"
La Memoria del Ministerio Público también destaca que el cese de la violencia fue fruto de una reflexión interna de "un reducido núcleo de dirigentes y militantes cualificados con muchos años de clandestinidad a sus espaldas", ya que la banda no pudo realizar un debate asambleario con todos sus miembros por su "debilidad operativa" y la "vulnerabilidad de los canales informativos internos".
Aunque la "gran mayoría" de los militantes de ETA apoyó el comunicado de fin de la violencia, la Fiscalía advierte de que la ausencia de ese debate interno ha generado "contradicciones y críticas entre una minoría de militantes, unos por el hecho de no ser consultados, y otros porque están en contra de la decisión tomada".
"Esas críticas también se han detectado en determinados sectores de las organizaciones del entramado de apoyo a ETA, si bien se trataría de grupos minoritarios de militantes muy radicales, de ideología marxista-leninista, situados ideológicamente muy a la izquierda de la propia Batasuna", apunta la Memoria antes de añadir que esas discrepancias se han convertido en "un importante foco de atención informativa e investigadora para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
MENOS DETENIDOS
Aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista --sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero--, el número de detenidos por terrorismo etarra el año pasado ascendió a 82, 61 menos que en 2010. De ellos, 43 fueron arrestados en España y 39 en el exterior (31 en Francia, tres en Venezuela, dos en Bélgica y uno, respectivamente, en Colombia, México y Reino Unido.
La disminución en el número de detenciones es explicada por la Fiscalía por "la pérdida de efectivos humanos dispuestos a integrarse en la organización, y a la escasa movilidad de sus integrantes, lo que dificultan las labores de detección e identificación a las fuerzas policiales".
Durante el pasado ejercicio, la Fiscalía formalizó un total de 63 acusaciones contra 133 personas que se concretaron en 74 sentencias. Así, 188 acusados fueron juzgados por su relación con la banda terrorista, de los que 113 fueron condenados y otros 75 resultaron absueltos.