La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles que se confirme la sentencia dictada el pasado mes de junio por la Audiencia Nacional que condenó 32 años de cárcel al etarra Beinat Aguinagalde por el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco cometido en Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa) el 7 de marzo de 2008, último día de campaña de las elecciones generales.
El acusado había sido absuelto hace un año en un juicio en el que se consideraron insuficientes los reconocimientos de dos testigos, si bien el Supremo obligó a repetir el juicio. La defensa del miembro de ETA recurrió en casación esta decisión.
Durante la vista oral celebrada en el alto tribunal, el abogado defensor del miembro de ETA ha intentado desacreditar este reconocimiento fotográfico y ha asegurado que se produjo un año después de la muerte del exconcejal, coincidiendo con la desarticulación de su comando. Ha indicado que, en aquel momento, todos los medios de comunicación habían difundido la foto de Aguinagalde y de otros miembros del talde.
Además, el letrado Aiert Larralde ha destacado que la defensa "tiene constancia" de que el condenado "ni siquiera estaba integrado en ETA" en marzo de 2008 y que, en aquel momento, cursaba medicina.
Estos argumentos no son suficientes en opinión del Ministerio Público cuya representante ha destacado que la Sala de lo Penal del Supremo ya se pronunció sobre la validez de esa identificación en su resolución anterior, cuando obligó a que la vista oral, que acabó en la actual condena, volviera a repetirse.
"No hay dudas respecto a la persona que ejecutó al asesinado", ha asegurado la fiscal con rotundidad, compartiendo la opinión de la acusación particular también personada en la causa, que también ha pedido que la condena se mantenga.
REPETICIÓN DEL JUICIO
Tras la repetición del juicio la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideró a Aguinagalde culpable de un delito de asesinato terrorista, otro de tenencia de armas y uno de daños con finalidad terrorista, le prohibió acudir a Mondragón durante diez años desde el cumplimiento de la condena y estimó que la mujer e hijos de la víctima deben ser indemnizados con medio millón de euros por el daño moral ocasionado y la pérdida de ingresos en la unidad familiar.
De esta cantidad, de confirmarse la condena por el Supremo deberán ser descontados las anticipadas por el Consorcio de Compensación de Seguros y el Ministerio del Interior, con lo que el acusado indemnizará con 140.180 euros a la familia, con cerca de 94.000 euros al Consorcio de Compensación de Seguros y con 265.906 euros al Ministerio del Interior.
Se trata del segundo juicio que se celebraba contra Aguinagalde después de que el Tribunal Supremo ordenara repetir la vista por parte de un nuevo tribunal al entender que no se valoraron los reconocimientos fotográficos realizados de testigos propuestos por la acusación.
En esta nueva sentencia, los jueces de la Audiencia Nacional tuvieron en cuenta la declaración de una testigo protegido que le volvió a identificar, "con rotundidad y con firmeza", porque ese día se cruzó antes y después del atentado con el autor de los disparos y "fijó su imagen en la memoria" porque le pareció "extraño que se hallara a esas horas parado, en la calle y en actitud de espera".
La sentencia consideró probado que el entonces miembro del 'comando Asti' se trasladó el 8 de marzo de 2008 a las inmediaciones del domicilio del exconcejal socialista y, cuando este se introdujo en un vehículo sobre las 13.25 horas, se situó frente al coche y efectuó cinco disparos contra el edil desde una distancia de 0,90 a 1,50 metros con "ánimo de causarle la muerte".
Carrasco falleció una hora después en el Hospital del Alto Deba como consecuencia de las "graves" heridas sufridas. Tras el atentado, Aguinagalde abandonó el lugar a la carrera y ETA reivindicó esta acción en un comunicado que fue publicado en el diario 'Gara' el 2 de abril de 2008.