La funcionaria de la Agencia Tributaria acusada de pasar información en relación a una inspección de trabajo al empresario alicantino Ángel Fenoll, investigado por el 'caso Brugal', ha negado los hechos en el juicio que han comenzado este lunes en la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante.
El ministerio fiscal solicita para la funcionaria una condena de dos años de prisión y seis de inhabilitación por revelación y de secretos y estafa, mientras que la defensa ha solicitado la prescripción de unos supuestos hechos, que se produjeron en 2007, y la nulidad de las escuchas, a través de las que se inició la investigación. No obstante, la sala ha rechazado ambas peticiones y ha iniciado el juicio.
El caso arrancó de las intervenciones telefónicas al empresario Rafael Gregori en el marco de la investigación policial por la adjudicación y tramitación del Plan Zonal de basuras de la Vega Baja en el conocido como 'caso Brugal'. En ellas, la Policía descubrió que Gregori propuso a Fenoll tener acceso a los informes que estaba elaborando la Agencia Tributaria a través de un tercero, un supuesto asesor fiscal, tal y como ha relatado ante el tribunal el agente responsable de la investigación.
Así, el policía ha señalado que solicitaron autorización para interceptar el teléfono de esa tercera persona. Según ha manifestado, el hombre dio información veraz sobre el estado económico de Fenoll y su familia y que esa información "confidencial" se la pasaba "una funcionaria de la Agencia Tributaria" que identificaron y "grabaron" en los dispositivos de seguimiento.
No obstante, minutos antes, y solo a preguntas de su defensa, la mujer ha negado tener acceso a ese tipo de información confidencial sobre las finanzas de ninguna persona y ha señalado que "sólo tenía acceso a información de la renta o del IRPF, a su tramitación, requerimientos o liquidación". A ese respecto, ha remarcado: "no puedo interferir en informes de la Inspección".
Así, ha indicado que con su "código" no podía acceder a información de la Inspección de Trabajo, por la que se investigaba a Fenoll y de la que se había dado parte a la Fiscalía, y que se sigue un "protocolo" en el que un superior podía requerir datos sobre un acceso "dudoso". En ese sentido, ha afirmado: "nunca se me ha apercibido por el tratamiento de la información".
Ha indicado que se hacen controles del acceso de manera trimestral y anual y que "hasta ahora" se le han permitido "todos los accesos". Asimismo, ha recordado que solo puede dar información a las personas físicas si presentan el DNI o si acuden con una autorización o poder notarial. Además, ha concretado que en el momento de los hechos que se juzgan, esos poderes se guardaban un máximo de seis meses y después se destruían "si los jefes no pedían nada". La acusada ha manifestado que el otro acusado siempre acudía a pedir información sobre terceras personas con poderes notariales.
ASESOR
Por su parte, el también encausado y supuesto asesor fiscal ha declarado, solo a preguntas de su defensa, que llegó a Fenoll a través de Gregori y que actuó con un poder notarial porque "las autorizaciones se las queda la administración" y el caso podía ser largo. Ha aseverado que "ni podía ni se le podía pedir" a la funcionaria ninguna información sobre la situación de Fenoll porque "no puede llegar a esa base de datos" ya que "los códigos no le permiten acceder a la Inspección".
Sobre ese punto, ha reiterado que la Inspección "está en la sede de la avenida de Aguilera" y que la funcionaria encausada trabaja "en la sede de la plaza de la Muntanyeta".
Además, ha indicado que su trabajo finalizó cuando se le comunicó que el caso había pasado a manos de la Fiscalía porque en ese supuesto "ya no se puede actuar" y que no entró "en materia al saber que estaba el delito fiscal". Ha afirmado que al no poder continuar le puso en contacto con un abogado de Madrid para que tomara el caso.
Finalmente, el agente encargado de las escuchas ha asegurado que el asesor fiscal pidió 100 millones a Fenoll por llevar el caso e influir y que se realizó un primer pago de 17.000 euros que no llegó a ejecutarse porque el intermediario murió en un accidente de tráfico, donde la Guardia Civil encontró un sobre con ese dinero.