El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón indica en el auto por el que se declara competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo que su intención no es en ningún caso realizar una revisión sobre la Guerra Civil española. "No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil", indica el magistrado, quien declara la extinción de la responsabilidad derivada del delito de detención ilegal debido de 35 altos mandos del régimen franquista que ya han fallecido.
En un auto de 68 páginas, hecho público este jueves, el juez declara la extinción de esta responsabilidad por fallecimiento de 35 altos mandos del régimen franquista, comenzando por el propio Franco e incluyendo a generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano. Para confirmar su muerte, en vista de imputarles el citado delito, Garzón pide los certificados de defunción correspondientes.
El magistrado reclama también al Ministerio del Interior los datos que identifiquen al máximo número posible de dirigentes de Falange Española entre el 17 de julio del 1936 hasta el 31 diciembre de 1951 para que una vez identificados acuerde "lo necesario sobre la imputación y extinción en caso de fallecimiento de su responsabilidad penal".
Garzón argumenta que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy si no se ha dado razón del paradero. Es competencia de la Audiencia Nacional dado que el juez considera que todo comenzó con el alzamiento nacional, delito que no ha prescrito porque está conexo con el de las desapariciones forzosas, que arrastra al otro.
Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil. CGS