Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que ninguna de las dos empresas que optaban a hacerse con la licitación para fabricar 8.000 urnas ha superado los trámites previstos.
El proceso de licitación ha sido polémico porque la Fiscalía se ha querellado contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general en el momento de la licitación, Francesc Esteve, al entender que las urnas podrían usarse para el referéndum anunciado para el 1 de octubre.
Precisamente, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abrió investigación la semana pasada a Borràs y Esteve por esta licitación de compra de urnas al admitir a trámite la querella de la Fiscalía.
La portavoz del Govern, Neus Munté, dijo la semana pasada que la querella no tiene base jurídica y que "las empresas conocen perfectamente el marco legal vigente y la legalidad de este procedimiento administrativo. Deben poder hacer su trabajo con tranquilidad y sin amenazas".