Así lo decidió el titular del juzgado, Diego Álvarez de Juan, tras el análisis de los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil en la entrada y registro del domicilio de Prat en febrero de 2013, ha informado este miércoles 'El País'.
Se trata de una serie de comunicaciones entre Josep Prat; el abogado Javier Melero, el conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, y el ahora conseller de Justicia y entonces secretario del Govern, Germà Gordó, según relata el auto del juez que investiga el 'caso Innova' a partir una querella de Ara Reus.
Tras pedirlo la Fiscalía, el juez pidió a la Conselleria de Salud y a la propia Generalitat que certificasen si habían pagado al abogado "cantidad alguna en concepto de honorarios derivados de la defensa" de Prat; en ambos casos respondieron que no se había abonado nada.
También a requerimiento de la Fiscalía, el magistrado imputó a Josep Prat por los presuntos delitos prevaricación y de malversación de caudales públicos al considerar "esencial" su comparecencia para esclarecer los hechos.
El expresidente del ICS fue citado en principio el 1 de octubre, pero su declaración se suspendió entonces por un viaje de Prat al extranjero.
El juez ha rechazado por ahora citar como testigos a los consellers Boi Ruiz y Germà Gordó al considerar que "no procede acordarlas en este momento", al menos hasta que Prat declare como imputado.