El Gobierno de Gibraltar ha enviado al Parlamento, para su aprobación, su proyecto de ley de referendos, que dará potestad al ministro principal para convocar consultas sobre asuntos domésticos o relaciones internacionales.
El ministro principal, Fabian Picardo, ha sido el encargado de presentar el texto ante la Cámara y ha subrayado que el objetivo de la norma es "mejorar" la base legal para la celebración de referendos en Gibraltar, como el que se organizó en 2006 para aprobar la nueva Constitución del Peñón o aquel que en 2002 rechazó el proyecto de cosoberanía negociado --pero nunca concretado-- por Reino Unido y España. Ni Madrid ni Londres dieron validez jurídica a esa consulta.
En aquella ocasión de 2002, ha recordado Picardo, analistas españoles y británicos coincidieron a la hora de señalar que cualquier referéndum en el Peñón que no estuviese organizado por el Reino Unido carecería de validez legal, opinión que no comparten los gibraltareños.
La ley enviada este lunes al Parlamento gibraltareño pretende poner fin a ese vacío legal, al especificar que el ministro principal podrá convocar un referéndum a través de una orden que contendrá la pregunta de la consulta, el porcentaje de votos que se requerirá para que la propuesta sobre la que se consulta salga adelante y la fecha del referéndum.
QUIÉN PODRÁ VOTAR
El proyecto de ley también permitirá votar en los referendos a los residentes británicos que no hayan nacido en el Peñón pero que lleven viviendo un mínimo de 10 años seguidos, y sin interrupciones, en Gibraltar.
Picardo ha querido dejar claro que la ausencia hasta la fecha de una ley en Gibraltar que regulara la organización de consultas ciudadanas no convierte en "ilegal" el referéndum de 2006 por el que se aprobó la Constitución del Peñón --éste sí fue aprobado por Reino Unido-- ni "pone en cuestión la validez" de la consulta de 2002 sobre la propuesta de cosoberanía. En su opinión, la base legal con la que se organizaron esos referendos no era "todo lo fuerte que podría ser".
El proyecto de ley también permitirá cambiar la edad mínima para votar en cada consulta, según ha explicado el propio Picardo ante el Parlamento.