El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo tiene la "voluntad" de pagar la cuarta parte de la paga extra de 2012 si, finalmente, se confirma que esta posibilidad se mantiene en los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, respecto a la congelación salarial en 2015 prevista por el Ejecutivo español para los funcionarios, ha reconocido que se trata de una normativa básica y que, por tanto, este tipo de medidas no pueden "ignorarse" por las comunidades autónomas.
Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, se ha referido, de esta forma, a las nuevas medidas previstas por el Gabinete de Mariano Rajoy para los funcionarios, cuya aplicación está prevista para 2015.
El portavoz del Gobierno vasco, que también es consejero de Administración Pública, ha recordado que el Ejecutivo autonómico tiene recurridas ante los tribunales varias medidas de recorte de gasto del Gobierno central que afectan al personal al servicio de las administraciones, entre ellas, la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012.
COSTE
Respecto a la posibilidad de que la Administración vasca aplique en 2015 la devolución de una cuarta parte de dicha paga --una medida anunciada para la Administración central y que también podrán aplicar las autonomías a sus funcionarios--, ha explicado que el Gobierno autonómico tiene la "voluntad" de pagar esa parte de la extra no abonada en su día. La devolución de esa paga supondría unos 50 millones de euros para la Administración autonómica.
Erkoreka ha recordado que, para poder aplicar esta medida, es necesario que esta posibilidad --contemplada en el anteproyecto de los Presupuestos Generales de 2015-- siga abierta en el texto definitivo de las Cuentas estatales. Respecto a la posibilidad de abonar en su integridad la paga extra de 2012, ha afirmado que, si existiera alguna posibilidad legal de hacerlo, se "estudiaría".
Por otra pare, se ha referido a la congelación salarial para los empleados públicos, otra de las medidas recogidas en el anteproyecto de Presupuestos del Estado. El consejero de Administración pública ha recordado que se trata de una normativa "básica" y que los gobiernos autonómicos no pueden "ignorarla", porque la consecuencia "inmediata" sería la interposición de un recurso por parte del Ejecutivo central y la suspensión del acuerdo adoptado con el fin de no aplicar la mencionada normativa básica.