Según se acordó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 25 de febrero, las comunidades autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida, entre otros proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
Así, entre los objetivos prioritarios de esta dotación económica se encuentran la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal, la conexión digital de las oficinas judiciales, el papel cero en los juzgados y tribunales y la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional, según ha informado el Ejecutivo en una nota.
Se trata, según Justicia, el segundo año consecutivo en el que la Administración del Estado pone a disposición de las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas una dotación de seis millones de euros destinados al impulso de las nuevas tecnologías y a la implementación de mejoras que incidan en un servicio público de calidad, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios de colaboración.
La concesión de este crédito, incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016, responde al compromiso adquirido por el mismo con la implantación efectiva de la Justicia digital en nuestro país, así como con la mejora en la eficiencia de la Administración de Justicia y su competitividad, tanto en los tiempos de resolución de asuntos como en la calidad de su funcionamiento.
POR COMUNIDADES
La distribución del crédito por comunidades autónomas es la siguiente: La comunidad que más dinero se lleva es Andalucía (1.318.629 euros) seguida de Cataluña (1.112.909 euros) y la Comunidad de Madrid (1.048.138 euros) y la Comunidad Valenciana (779.320 euros).
El resto de reparto pasa por los 192.144 euros para Aragón, 173.357 para Asturias, 351.476 para Canarias, 97.002 para Cantabria, 427.611 euros para Galicia, 45.306 para la Rioja, 93.192 para la Comunidad Foral de Navarra y 297.916 para el País Vasco.
Los criterios de reparto adoptados para la distribución del crédito han sido la población, la litigiosidad y el número de órganos judiciales.
Las partidas puestas a disposición de las comunidades autónomas permitirán seguir avanzando en las comunicaciones telemáticas y en la implantación del expediente digital, y contribuirán a establecer una relación más ágil y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.