El Gobierno ha dado el visto bueno al reglamento de la llamada Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo con un año y medio de retraso respecto a la previsión inicial, aunque el ministro ha defendido la dilación por la necesidad de realizar cambios legales que garanticen el cumplimiento del reglamento y delimiten los requisitos para los beneficiarios.
"La Ley ha llevado a cerrar la puerta a cualquier resquicio legal que pudiera existir para que pudieran ser beneficiarios de las ayudas quienes no fueron víctimas sino que hicieron sufrir", ha insistido Fernández Díaz, que ha reconocido que esta posibilidad hubiera supuesto un "sarcasmo" lejos de la voluntad del legislador.
La Ley de Víctimas incluye algunas novedades como su retroactividad al 1 de enero de 1960, el aumento de la cuantía de algunas indemnizaciones o el reconocimiento por primera vez de los amenazados, que tendrán además derecho a algunas ayudas por cambio de residencia o ayudas educativas.