Así se ha pronunciado Gómez en el pleno del Parlamento balear, donde ha contestado a varias preguntas sobre este decreto y donde también ha explicado que, si bien en un primer momento el Gobierno balear decidió iniciar el desarrollo complementario de la Ley, posteriormente, viendo que se aplica con normalidad, han optado por "paralizar o aparcar" el decreto para que pase más tiempo y disponer de más información.
Asimismo, ha hecho hincapié en que la Ley de Símbolos busca que en los inmuebles de las islas en los que se ofrece un servicio público a los ciudadanos, "no se haga política" puesto que se trata de unos edificios donde la población acude a recibir un servicio público "y la administración tiene la obligación de ser neutral".
Así, ha destacado que el Ejecutivo balear no pretende impedir la libertad de expresión, "sino que ésta se desarrolle en espacios sin connotación política", así como que haya una mayor seguridad jurídica y se garanticen los derechos de los ciudadanos.
El vicepresidente ha remarcado también que la Ley de Símbolos no va "contra nadie, ni contra nada" y ha asegurado que "es respetuosa con las declaraciones de interés local" de los ayuntamientos de las islas.
Por otro lado, en respuesta al socialista Antoni Diéguez, ha remarcado que el Govern no ha estado en contacto con el Consejo Consultivo sobre el decreto que desarrolla la Ley de Símbolos porque el Ejecutivo "es absolutamente respetuoso con este órgano" y las "únicas razones" por las que se ha paralizado el decreto "son las que ya ha manifestado".
No obstante, Diéguez ha asegurado que el Ejecutivo balear ha realizado diferentes "gestiones" con miembros del Consejo Consultino en los que éste les pidieron que no comprometieran a este órgano y criticaron las enmiendas introducidas "para meter la censura previa".