El Ejecutivo vasco aprobará el próximo mes de noviembre, en Consejo de Gobierno, su Plan de Paz y Convivencia, después de que este viernes concluya el plazo de los diferentes grupos parlamentarios para presentar sus aportaciones.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado esta misma mañana que el Ejecutivo "tendrá en cuenta" las alegaciones planteadas por las diferentes formaciones políticas para desarrollar un documento que puedan utilizar los grupos.
El máximo representante del Gobierno vasco no ha ocultado, en ningún momento, que su intención sería que se lograra, en torno a esta cuestión, un acuerdo 'a cuatro' entre las cuatro grandes sensibilidades políticas representadas en el Parlamento: PNV, PSE-EE, EH Bildu y PP.
"Es el Gobierno vasco el que lo va sacar adelante, pero debemos hacer un especial esfuerzo en lograr el máximo consenso posible. Por lo tanto, hemos propuesto un plan, pero lo hemos dejado abierto, para tener en cuenta las aportaciones que puedan hacer los representantes políticos y otros grupos sociales, y las tendremos en cuenta", ha apuntado en declaraciones a Euskadi Irratia, recogidas por Europa Press.
En esta línea, ha especificado que en noviembre el Consejo de Gobierno "aprobará este Plan, el Gobierno vasco lo desarrollará y los grupos parlamentarios lo podrán utilizar como instrumento".
El contenido del Plan de Paz y Convivencia ha sido criticado por la totalidad de los grupos de oposición. En el pleno de política general celebrado este pasado jueves en el Parlamento vasco, Iñigo Urkullu aprovechó su intervención para rechazar las acusaciones sobre supuestas equiparaciones de "víctimas y verdugos" en las que incurriría el texto o las consideraciones de que es "complaciente" con el mundo de Batasuna.
Iñigo Urkullu aseguró que "nada en el contenido ni en el espíritu" del documento "puede ser interpretado en el sentido de minimizar, o mucho menos, justificar o legitimar el terrorismo de ETA o cualquier vulneración de derechos humanos". A su juicio, tampoco existe "nada en este plan que pueda interpretarse en el sentido de humillar a nadie o de excluir a ninguna parte".
Por el contrario, afirmó que la intención es "el reconocimiento de la injusticia de la violencia, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, a la Justicia y a la reparación".
"MÁS EXIGENTE" CON LA IA
El secretario de Organización del PSE-EE, Rodoldo Ares, por su parte, ha asegurado que el Gobierno vasco "tiene que ser más exigente" con el mundo de la izquierda abertzale, y ha afirmado que no se puede pretender "rebajar posiciones o exigencias consensuadas" en la Cámara vasca para llegar a "microacuerdos". "Sería una terrible equivocación que no deben cometer ni el Ejecutivo ni los partidos", ha asegurado a Europa Press.
A su juicio, debe ser EH Bildu la que "tendrá que andar el camino que no recorrió en el pasado" y alcanzar "el recorrido" que ya han realizado las otras formaciones.
Ares ha recordado que el PSE-EE, en sus 25 alegaciones, ha transmitido "una propuesta muy concreta" que "fija cuáles deben ser los objetivos del Plan de Paz", y que tienen como "objetivo básico" conseguir que ETA "desaparezca definitivamente y se disuelva sin ninguna contraprestación".
Además, los socialistas plantean que "se desarrollen políticas de memoria desde un criterio de verdad y justicia, reparación a las víctimas, y que no se rescriba la historia de lo que ha pasado en Euskadi, sino que se recoja claramente lo que ha ocurrido, que es muy sencillo: hubo gente que decidió asesinar a otras personas, que decidió justificar y apoyar las acciones terroristas, y otras sufrieron la acción de los terrorista, las amenazas y las coacciones de éstos y de quienes les daban cobertura".
"Es el mundo que le daba cobertura a ETA el que tiene que hacer una revisión crítica de su pasado y asumir que vivir en democracia es dejar claro que el terrorismo y sus actividades nunca han tenido, tienen, ni tendrán justificación".
"Desgraciadamente, eso no se está dando por parte de EH Bildu, y recientemente, Laura Mintegi decía que había que llegar a acuerdos para que ETA no tuviera justificación para seguir. Es decir, que, para ellos, tuvo, tiene y puede tener justificación. Ésa es una terrible equivocación y, por eso, tenemos que ser exigentes para que sigan dando pasos", ha añadido.
Por ello, ha considerado que el Gobierno vasco "tiene que ser más exigente con ese mundo y el plan tiene que recoger objetivos claros, no puede tener un lenguaje ambiguo, y no puede plantearse que, para obtener microacuerdos, como se dice, haya que rebajar posiciones y exigencias ya consensuadas en el Parlamento".
"Nosotros, en ningún caso vamos a renunciar a las mínimas exigencias éticas y democráticas que ya todos hemos consensuado en la Cámara y todos asumimos, menos EH Bildu", ha aseverado.
En este sentido, espera que el Ejecutivo de Urkullu "tenga en cuenta" sus propuestas "que no sólo recogen la posición de los socialistas, sino la que se ido acordando en el Parlamento". "En ese camino no se puede volver a atrás ni empezarse de cero", ha subrayado.
RESPUESTA "GLOBAL" DEL PP
Este mismo viernes, el portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, ha explicado que su partido no presenta enmiendas parciales al texto porque supondría entrar "en el juego" del Gobierno, algo que considera "tremendamente equivocado".
En todo caso, los populares darán una respuesta "global" la próxima semana al Gobierno vasco sobre el Plan de Paz y ha explicado que su partido cree que el documento, al afirmar que todos han tenido "responsabilidades en lo sucedido", realiza "una especie de culpa generalizada" que el Partido Popular "no puede aceptar".
En su opinión, "Euskadi no tiene un problema de convivencia, sino de aceptación del Estado de Derecho por parte de quienes creen que ETA tuvo un sentido, que no se tiene que disolver y que en democracia, o se imponen sus ideas o rompemos el juego". "La izquierda abertzale, a día de hoy, no ha madurado y no ha aceptado las reglas mínimas del juego democrático", ha aseverado.
El grupo parlamentario de EH Bildu ha apurado el plazo para presentar sus aportaciones y, en ellas, ha criticado que el Plan de Paz sitúe la acción de ETA "como si fuera el único hacedor de todas las violencias, olvidando las todavía presentes iniciativas violentas del Estado" y ha mostrado su disposición para llegar a un "acuerdo democrático de convivencia" que posibilite "un recorrido hacia una paz integral y una plena convivencia democrática".
Los parlamentarios de la coalición Laura Mintegi y Julen Arzuaga han presentado un informe de 17 páginas como alegaciones, en los que la coalición soberanista propone llegar a un "acuerdo democrático de convivencia", un pacto "amplio desde la igualdad de oportunidades para todos los derechos legítimos en este país", que posibilite "que todos los proyectos arraigados en este país puedan hacer su camino".
A su juicio, "quedan muchos pasos" para la paz y cree que el texto del Gobierno vasco no pone "veto ni freno" a situaciones como que se mantengan políticas penitenciarias que "conculcan derechos humanos".
Además, ha denunciado que existe "diferencia de trato entre las víctimas que han sufrido violencia en este país", y ha criticado que el plan "mantiene diferentes categorías". También ha reprochado que "evite hacer una lectura de causas de la violencia vivida", y "no entiende ni comparte que no se quiera ir a la raíz del conflicto".
UPyD, que planteó sus alegaciones en agosto, considera que el documento equipara "a víctimas y verdugos", obvia que ETA no se ha disuelto y que la izquierda abertzale "no ha condenado sus crímenes".