"Se está estudiando la materialidad jurídica que aportan esos documentos para ver si tienen la suficiente fuerza probatoria para que puedan ser también incorporados al expediente de impugnación que tenemos en marcha", ha relatado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
En esta línea, el ministro ha destacado que "puede haber un cierto fraude de ley", en el sentido de que "se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo" y ha agregado que la consulta no oficial que se prepara para el 9N en Cataluña no podría hacerla "ningún Gobierno público porque no hay un marco legal".
Por otro lado, ha apuntado que si el Gobierno recurre finalmente las medidas que está tomando el Gobierno autonómico para llevar a cabo la consulta, insistirá en el argumento de que "no se puede, por parte de un Gobierno autonómico, llevar a cabo una consulta sobre un asunto que corresponde a todos los españoles". "Eso corresponde a la soberanía nacional, al conjunto de los españoles y no a una parte", ha recalcado.
En todo caso, ha subrayado que el Gobierno tiene la "mejor disposición" a colaborar con la Generalitat y ha asegurado que "se están gestionando" las 23 propuestas que le hizo el presidente del Ejecutivo catalán, Artur Mas, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa el pasado julio.