El Gobierno pide a la República Dominicana que extradite al expresidente del Jeréz por fraude fiscal

EUROPA PRESS 21/11/2014 15:30

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes solicitar a la República Dominicana la extradición del empresario y ex presidente del Jeréz Club Deportivo José María Gil Silgado, acusado de un delito contra la hacienda pública. Además, se continuará con la entrega a Marruecos Mohamed Said Mohamed, por su presunta pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico.

Gil Salgado tiene pendiente el cumplimiento de una condena de dos años de prisión por apropiarse de 528.865,65 euro, cantidad correspondiente al IVA de una operación de venta de una finca, realizada por su empresa y que no liquidó en la Agencia Tributaria.

La reclamación contra Gil Silgado, que se encuentra detenido en la República Dominicana, cumple todas las formalidades del vigente Tratado de Extradición entre España y dicho país, según ha informado el Ministerio de Justicia.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes continuar por vía judicial el procedimiento de extradición a Marruecos de Mohamed Said Mohamed por un delito de pertenencia a organización terrorista. Se le reclama por presuntamente liderar una célula del grupo terrorista Estado Islámico que actuaba entre las ciudades de Melilla y la región de Nador.

En concreto, está acusado de realizar labores de captación, reclutamiento y envío de voluntarios a Siria e Irak para realizar la Yihad y además es sospechoso de haber recaudado fondos para financiar los viajes de los miembros reclutados a los campos de entrenamiento.

Mohamed Said, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 28 de septiembre, tiene nacionalidad española, aunque es marroquí de origen. Conforme al Convenio de Extradición no sería posible la entrega, pero la Ley de Extradición Pasiva de 1985 condiciona la posibilidad de entregar nacionales a otro país a que dicha nacionalidad no hubiera sido adquirida con el propósito fraudulento de hacer imposible una extradición.