El decreto aprueba una modificación general de demarcación de los registros ubicados en Cataluña, con criterios propios para la supresión, reagrupación y modificación de distritos hipotecarios, incluyendo figuras nuevas e incorporando reglas sobre el funcionamiento de los registros.
Según el Gobierno, se trata de asuntos sobre los cuales la Comunidad Autónoma no tiene competencias normativas de acuerdo con la Constitución y con su Estatuto de Autonomía.
En materia de demarcación registral, Cataluña sólo tiene competencias ejecutivas, de forma que las demarcaciones registrales y notariales que determine habrán de respetar los criterios fijados por la legislación estatal, garantía de la unidad del sistema registral, "tal y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones", ha explicado hoy el Gobierno.
En este caso, sin embargo, la demarcación establecida por la Generalitat catalana no obedece a ninguna regla previamente determinada por el Estado en el correspondiente instrumento normativo.
El acuerdo solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que, con la impugnación, se suspenda el Decreto "y no se produzcan los perjuicios que de su puesta en marcha derivarían para la organización y funcionamiento de los registros citados".