Así lo detalla un Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Alfonso Antonio Granados, que obra en el sumario de la trama que investiga el juez instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y del que se ha levantado el secreto. La UCO cree que esta operación "puede apuntar" a un presunto delito de blanqueo de capitales.
En un registro practicado en la vivienda del empresario en 2014 se encontró una nota manuscrita con el membrete de la Asamblea de Madrid, cuando Granados era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid --tal y como se indica en el sobre--, dirigidas a su socio David Marjaliza, al que denominaba como 'Morti', para cerrar la compra de un inmueble para su hermano.
"Estimado Morti, van 360.000 (no lo he contado, tú tienes máquina). Faltan 30.000 que no te pago porque como me los tienes que dar por el corral de mi madre... pues ya los pones tú si eso, que eres rico", escribe Granados. "El piso lo va a comprar mi hermano en vez de mi madre", informa.
Según detalla el informe de la UCO, Granados intermedió en la compra de un piso para su hermano Alfonso por el valor de 390.000 euros. La Guardia Civil deduce de esta carta que el exdirigente 'popular' "remitió 360.000 euros en metálico" en dicho sobre para facilitar la compra del inmueble que, en un principio, iba a figurar a nombre de la progenitora.
Asimismo, en esta carta se intentaba fijar la fecha de la firma de la escritura, ya que Alfonso Granados se encontraba en ese momento "de vacaciones" y la cantidad oportuna para la entrada de la compraventa: "Se va de vacaciones esta tarde hasta el lunes. ¿Puede firmar él el lunes? Además de los 30.000, yo creo que con 12.000 de entrada ya estaría bien no?".
Granados se encuentra en prisión desde el pasado 31 de octubre de 2014. Velasco acordó el pasado 5 de octubre prorrogar su estancia en prisión hasta un máximo de otros dos años, lo que alcanzaría el tope de cuatro que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva sin ser juzgado.
El juez considera que el exsecretario general del PP madrileño dispone de fondos que aún no le han sido decomisados y que podría utilizar para huir.