"Estoy orgulloso de haber trabajado en esta acción", ha exclamado Jorge García Vidal, que, además, ha insultado repetidamente al fiscal mientras éste leía sus conclusiones definitivas.
"Arrepentida estará tu puta madre, hijo de puta", ha exclamado el miembro de los GRAPO cuando el fiscal ha calificado de "un auténtico sarcasmo" el que la defensa pida una reducción de la pena por revelar dónde estaban las armas "como si ahora fueran unos colaboradores de la Justicia que están arrepentidos".
Pese a que el juez le había amonestado por su comportamiento, García Vidal ha vuelto a increpar más adelante al fiscal, exclamando "usted no sabe ni quién es quién" después de que el representante del ministerio público se equivocara de nombre al referirse a uno de los acusados, por lo que el procesado fue expulsado de la sala.
Jorge García Vidal e Israel Clemente López, para quienes el fiscal ha pedido respectivamente 81 y 82 años de cárcel por estos hechos, han utilizado su turno de última palabra en el juicio que ha quedado hoy visto para sentencia para reiterar que el tercer imputado en este caso, Juan García Martín, para el que se piden 79 años de prisión, no colaboró con ellos.
A García Martín se le acusa de haber realizado una tarea de vigilancia para impedir que nadie entrara en el garaje en el que los dos grapo abordaron a la pareja de empresarios con la intención de secuestrarlos para pedir 725.000 euros y acabaron matando a Isabel Herrero de dos disparos e hiriendo a su marido, Francisco Collel, que trató de refugiarse en el coche.
Su imputación en el caso se debe a la declaración de una decena de testigos que aseguran haber visto alejarse del lugar de los hechos poco después del tiroteo a una persona cuya descripción física corresponde en rasgos generales con la de García Martín, que actualmente cumple condena por su pertenencia al PCE(r) (Partido Comunista de España Reconstituido).
Sin embargo, sólo uno de estos testigos reconoció efectivamente al procesado en las diversas ruedas de reconocimiento que se realizaron durante la investigación.
García Martín ha insistido en todas las ocasiones en que ha intervenido durante la vista oral que su militancia en el PCE(r), para el que realizaba labores de organización y propaganda, habría sido incompatible con la participación en un comando armado.
Tanto el fiscal como la acusación particular, que pide para los acusados las mismas penas y además el pago de una indemnización de 500.000 euros para Collel, han recordado sin embargo que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se considera a los GRAPO y al PCE(r) como una misma organización.