El CSN analiza este miércoles varios informes sobre las mejoras exigidas a la empresa propietaria de la planta de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, para su posible reapertura.
Greenpeace ha recordado, a través de un comunicado, que el CSN es "un organismo regulador que rinde cuentas de sus actividades al Congreso y al Senado".
El colectivo ecologista ha afirmado que las nuevas Cortes Generales "están compuestas por una mayoría que no quiere dar nuevas licencias a las viejas centrales". De hecho, ha destacado que 178 de los 350 diputados del Congreso "se comprometieron a cerrar Garoña".
ACUERDO PARLAMENTARIO
Este grupo ha explicado que desde diciembre de 2014, existe un acuerdo parlamentario entre PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y Equo, en el que estas formaciones se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.
La responsable de Campañas de Greenpeace España, María José Caballero, ha lamentado que pese a este acuerdo y a la actual mayoría parlamentaria favorable a la clausura de la planta, "el PP, Iberdrola y Endesa --propietarias de Garoña-- se están frotando las manos".