El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha elevado un escrito a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en el que critica los "gravísimos errores" y "deficiencias técnicas" cometidos en sus informes por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el ex interventor pone de manifiesto que el trabajo pericial desarrollado por los funcionarios de la Intervención del Estado en esta causa "ha carecido del mínimo rigor exigible a un encargo de esta naturaleza", señalando que dichos "errores" y "deficiencias" afectan "a las cuestiones nucleares" de sus informes y, por tanto, "invalidan por completo" sus consideraciones y conclusiones.
Así, asevera que la afirmación de los peritos de que 39 disposiciones --45 según el último informe presentado-- de la Junta "habrían establecido que el único destino posible legalmente" de las transferencias de financiación es la compensación de pérdidas "es errónea, en algún caso, o falsa en la mayoría de ellos", ya que "la inmensa mayoría de las disposiciones citadas no contiene siquiera los sintagmas 'transferencia de financiación' o 'compensación de pérdidas', ni ninguna otra, a la que quepa darle un significado equivalente".
De igual modo, y respecto de las órdenes de elaboración del Presupuesto en las que se regula la clasificación económica de las partidas de gasto, el ex interventor dice en este escrito consultado por Europa Press que los peritos de la Intervención del Estado "introducen subrepticia y engañosamente en su informe la idea de que las subvenciones de explotación tienen como finalidad exclusiva la compensación de pérdidas de la entidad perceptora".
"ARGUCIA PARTICULARMENTE GROSERA"
"Esta argucia del informe pericial resulta particularmente grosera si se tiene en cuenta que los planes generales de contabilidad pública, tanto estatal, como de la Junta, establecen hasta tres finalidades diferentes a las subvenciones de explotación", afirma el ex interventor en su escrito, donde considera que los peritos han interpretado "erróneamente" el artículo 18 de la Ley 15/2001 cuando afirman que dicho precepto establece que las transferencias de financiación sólo pueden destinarse a compensar pérdidas de la entidad perceptora.
A su juicio, "ningún criterio de interpretación jurídica conduce a dicha errónea conclusión", ya que dicho precepto "no establece la prohibición de destinar las transferencias de financiación a una finalidad distinta de la compensación de pérdidas, sino que pretende, simplemente, evitar un absurdo gravamen por el Impuesto sobre Sociedades, derivado de una aplicación en exceso de las transferencias" por las empresas públicas en sus cuentas de resultados.
De igual modo, critica que calificar de "fraudulenta" la partida 'Otros gastos de explotación' del presupuesto de IFA/IDEA, como hacen los peritos de la Intervención General del Estado, "es una afirmación errónea y tendenciosa", pues un examen "apenas superficial" del proceso de presupuestación en IFA/IDEA "permite percibir que dicha partida se ha utilizado, meramente, para cumplir con el principio de equilibrio presupuestario y no con un ánimo fraudulento ni ninguna otra oscura motivación".
Asimismo, los peritos "yerran de nuevo" al afirmar que el presupuesto de la Junta estableció que la transferencia de financiación del programa 31L estaba destinada a la compensación de las pérdidas de aquélla, ya que "tanto los estados de gastos del presupuesto, que tienen rango de Ley, como las memorias y otros documentos que forman parte del contenido legal del presupuesto establecen con claridad suficiente y sin ambigüedad que el destino de dicha transferencia es la financiación de un programa de subvenciones para empresas en crisis, con el objetivo del mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz".
"PURO ARTIFICIO ARGUMENTAL"
Además, el ex interventor critica que la aseveración de los peritos del Estado de que los proyectos de Ley del Presupuesto aprobados por el Gobierno de la Junta son ilegales "es un puro artificio argumental carente por completo de sentido y razón", ya que opina que "el fenómeno de un proyecto de Ley ilegal, que se convierte en legal tras su aprobación parlamentaria, sin enmendar ni una coma del proyecto, sólo puede ser explicado mediante un mecanismo prodigioso, ajeno a la técnica jurídica y al procedimiento legislativo".
"En el fondo, lo que el informe de la Intervención General del Estado sostiene es la inaudita teoría de que se ha cometido un fraude que se concreta en el contenido del presupuesto de IFA/IDEA, orillando la portentosa circunstancia de que fue aprobado por el Parlamento de Andalucía", sostiene.
En este sentido, alude al hecho de que, al ratificar su informe en sede judicial, los peritos señalaran que el Gobierno y la Administración de la Junta "han engañado" al Parlamento "presentándole un documento falso y fraudulento". "Más grave casi que la ofensa explícita que esta afirmación supone para los órganos e instituciones del poder ejecutivo, es la ofensa implícita que encierra hacia la institución parlamentaria, a la que se desdeña tachándola de ignorante e inepta, por dejarse engañar de esa manera", considera.
A todo ello se suma que, en sus informes, los peritos reconocen que la contabilidad de IFA/IDEA reflejaba que las transferencias se destinaron al pago de las subvenciones de los ERE, y por ello "resulta sorprendente y hasta inquietante" que en su informe complementario de enero de 2014 "concluyan diciendo que la Cuenta General de la Junta, en la que se integran las cuentas anuales de IFA/IDEA, refleja que las transferencias de financiación se destinaron a la compensación de pérdidas de dicha entidad y no al pago de subvenciones sociolaborales".
CONDUCTA "DESCONCERTANTE" DE LOS PERITOS
Seguidamente, el ex interventor cita dos "deficiencias" que son "particulamente graves" en relación a los informes mencionados, como son que el equipo pericial "haya descrito en sus informes un contenido engañoso de determinadas normas", un "artificio" con el que los peritos, "indudablemente, han pretendido dotar a sus tesis de un apoyo normativo que el texto de las disposiciones engañosamente presentadas no les otorgaba".
En esta línea, lamenta que los peritos "hayan incurrido en la desconcertante conducta de afirmar una cosa y la contraria sobre cuestiones nucleares sometidas a su dictamen", algo "sólo explicable si lo que pretenden es ajustar sus consideraciones a conclusiones previamente establecidas". "Este cúmulo de gravísimos errores y deficiencias del equipo pericial" de la Intervención del Estado "invalida por completo las conclusiones de sus informes", concluye.