En la causa, declarada secreta, además de a Grau se investiga al empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia. Según han explicado las mismas fuentes, esta empresa supuestamente regalaba a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.
Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.
Tanto Grau como Catalán estaban citados el pasado 1 de marzo en el juzgado de Instrucción número 19, aunque se acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del consistorio valenciano y que mantiene a ambos como investigados. Catalán es el responsable de la empresa Transvia y Viajes Privilege, que gestionan el 'bus turístic' en Valencia, una actividad que se hace con autorización administrativa.
Las diligencias se abrieron a finales de 2015 cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El empresario está imputado por cohecho como parte activa del delito y el exedil como parte pasiva.
Grau y el empresario Urbano Catalán fueron detenidos el pasado 22 de febrero y quedaron en libertad con cargos tras pasar ante la Guardia Civil, donde tampoco declararon.
Los agentes registraron la casa del exvicealcalde durante cinco horas e intervinieron en su domicilio diferentes relojes de alta gama que supuestamente podría haber recibido a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos municipales a Viajes Transvia Tour y otras filiales del mismo grupo.
La empresa Transvía expresó, a través de un comunicado tras la detención de Catalán, su "sorpresa" ante la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y defendió que "la totalidad de las contrataciones públicas en el tiempo realizadas para con el Ayuntamiento de Valencia" y con "otros organismos oficiales durante más de 45 años, fuere cual fuese el color político del gobierno de los mismos, han sido adjudicadas a esta entidad tras el concurso publico correspondiente".
En la misma línea, la firma ha apuntado que se habían hecho con "concurrencia y publicidad" y "en base a la legalidad vigente y las instrucciones recibidas a tal fin por parte del organismo público correspondiente" y destacó la transparencia de sy gestión al tiempo que atribuía lo sucedido a un "error y malentendido".