Livni ha telefoneado a Moratinos para expresarle su "preocupación" por la resolución del juez Fernando Andreu de imputar al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque en Gaza el 22 de julio de 2002. "Israel considera muy grave la decisión del juez, tomada sin recibir antes toda la documentación relevante. Demuestra que es una decisión política y no judicial", le ha dicho Livni.
Moratinos ha expresado a Livni el deseo del Ejecutivo de minimizar el alcance del caso. "La Justicia puede decidir, pero haremos todo lo necesario para que tenga el menor impacto y pueda tener una solución satisfactoria", ha explicado el ministro.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que Israel entiende que la Justicia en España actúa con "total independencia" a la hora de tomar decisiones como la de investigar un posible delito contra la humanidad. De la Vega, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que la posición del Gobierno es respetar la acción de los tribunales y no inmiscuirse en el desarrollo del caso abierto por el juez de la Audiencia Nacional.
Modificación de la Ley
Sin embargo, varios medios de comunicación israelíes ha asegurado que Miguel Angel Moratinos ha prometido a Tzipi Livni que el Gobierno español trabajará para intentar cambiar la ley con el fin de limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.
Según los diarios 'Haaretz', 'Jerusalem Post', 'Yediot Ahronot' y la radio militar israelí, Moratinos ha telefoneado a Livni para anunciarle que el Ejecutivo tiene previsto modificar la ley. Los medios de comunicación reproducen declaraciones de Livni en las que saluda que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanza que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".
La radio militar israelí ha informado que Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite por Andreu, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación. Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No afectaría al caso del juez Andreu
Fuentes del Ejecutivo han informado de ese análisis que se está realizando en el ámbito de las reformas procesales. El Gobierno ha recalcado que el estudio en trámite no tiene su origen en la decisión del juez Andreu, sino que está en marcha desde hace bastante tiempo para determinar qué ajustes procesales pueden llevarse a cabo en el ejercicio de la jurisdicción universal. Además, precisan que nunca los ajustes tendrían carácter retroactivo, por lo que no podrían afectar en ningún caso a la causa abierta en la Audiencia Nacional por parte del juez Andreu.
Decisión "hipócrita"
ELIGE TU BLOG FAVORITO DE INFORMATIVOS TELECINCO
La Liga Antidifamación de EEUU ha considerado "hipócrita" la decisión del juez español."La decisión de España de lanzar esta investigación alcanza nuevos niveles de hipocresía y es un insulto al Estado de Israel", consideró el director de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), Abraham Foxman, mediante un comunicado de prensa. La citada organización, fundada en 1913 y que lucha contra el antisemitismo, ha indicado en su comunicado de prensa varios ejemplos de lo que calificó como "serias deficiencias del sistema legal español".