La Comisión Ejecutiva de IU-CM considera que el actual escenario de crisis económica, social y política actual "no debería ser compatible" con procesos de sucesión no avalados en las urnas.
"IU-CM cree que el actual escenario de crisis económica, social y política que vive la sociedad madrileña, España y Europa no debería ser compatible con procesos sucesorios no avalados en las urnas", señala IU-CM en una resolución aprobada.
En la resolución opinan que llegados a la actual situación es "imprescindible que hable la ciudadanía para conformar gobiernos fuertes, sólidos y con programas de legislatura claros y sin doble rasero". "Hay que refrendar programas que más tarde se apliquen desde el gobierno, resistiendo el chantaje de poderes e instituciones financieras ajenos a la democracia", recalcan.
En el escrito, la Comisión dice que no entran en especular sobre las razones de Aguirre para presentar su dimisión, pero en el plano de su trayectoria política, la definen como "la defensa contumaz de un proyecto político al servicio de las elites económicas".
En su opinión, Aguirre lleva treinta años en la actividad política "con responsabilidad en un cargo público, precisamente desempeñado por alguien que no cree en las políticas públicas". "Siempre ha negado el papel del Estado como redistribuidor de la riqueza y por tanto, ha defendido la acción institucional como actividad subalterna de la iniciativa privada", destacan.
En este punto, apuntan que el abandono de la primera línea de la política "suele ser un salvoconducto para el elogio ajeno y el reconocimiento de una trayectoria política", pero señalan que, sin embargo, "Esperanza Aguirre deja un legado de sostenido ataque a los servicios públicos y las políticas sociales, de desregulación y privatizaciones, con más de un millón de personas en el umbral de la pobreza y con más de 600.000 personas desempleadas".
Asimismo, consideran que se han regalado "19.000 millones de euros a las mayores patrimonios" y que Aguirre ha dejado en un "estado de quiebra la arquitectura social y laboral construida en la transición democrática". Además, critican el "desprecio de las políticas medioambientales", el "descarado apoyo a las organizaciones empresariales y a sus representados en el marco de unas relaciones laborales desequilibradas" y el "fundamentalismo político en capítulos sensibles de la política de Estado como la violencia terrorista".
Por último, hablan de "negación y ninguneo de los derechos civiles" y "de apuesta firme, en definitiva, por las élites económicas en la particular batalla que libran los poderes financieros y la democracia".