El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha considerado un "imperativo ético y democrático" crear un instrumento para el "reconocimiento y reparación" de las víctimas no reconocidas de violaciones de derechos humanos causadas por un uso ilícito de la violencia del Estado entre 1960 y 1978. Por ello, se ha mostrado convencido de que la Ley es "pieza necesaria para la normalización de la convivencia y la construcción de una memoria crítica del pasado".
Fernández ha abierto este sábado en el Kursaal de San Sebastián la Jornada sobre propuestas de reparación de víctimas no reconocidas de violaciones de derechos humanos, previa al acto de reconocimiento institucional a las víctimas amparadas por el Decreto 107/2012, que ha presidido el lehendakari, Iñigo Urkullu.
En su intervención, Fernández ha recordado que el año 2012, el Gobierno vasco, presidido por Patxi López, puso en marcha el Decreto 107/2012 "con un amplio respaldo parlamentario", que permitió "iniciar un camino" para reparar a víctimas no reconocidas de violaciones de derechos humanos causadas por un uso ilícito de la violencia del estado entre 1960 y 1978 y que el Ejecutivo actual está tramitando la aprobación de una Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Violaciones de derechos humanos causadas por actuaciones de represión ilícita entre 1978 y 1999.
A su juicio, ese reconocimiento a estas víctimas es necesario por razones "éticas, democráticas y de convivencia". "En la medida en que existen, es imperativo ético y democrático crear un instrumento para su reconocimiento y reparación", ha remarcado Fernández, quien ha incidido en que la existencia de las mismas ha quedado "objetivamente reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos, en innumerables crónicas e informaciones periodísticas y en diferentes informes elaborados por instancias académicas y expertas".
En su opinión, la segunda razón que justifica la necesidad de una ley de reconocimiento de estas víctimas "está directamente vinculada al compromiso democrático con el Estado de derecho y con los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan" y la misma significa "reconocer que en el ejercicio del poder que corresponde al Estado, se han producido abusos, excesos y acciones de represión ilícita, tanto en el contexto de la lucha contra el terrorismo como con su pretexto, e incluso al margen de todo ello".
"JUSTIFICACIÓN"
En ese sentido, ha afirmado que algunas personas temen este reconocimiento porque consideran que hacerlo "implica ofrecer algún tipo de justificación al terrorismo o debilitar el estado de derecho" pero, sin embargo, "se trata justamente de lo contrario y no supone menoscabo para el estado de derecho y sus instituciones".
"Al contrario, significa su más sólido reforzamiento en la medida en que representa un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático", ha destacado el secretario de Paz y Convivencia.
Asimismo, ha asegurado que la tercera razón que hace necesaria esta ley es su contribución a la normalización de la convivencia y a la construcción de una" memoria crítica" del pasado. De este modo, ha señalado que tras "más de cinco décadas de terrorismo y violencia" que ha padecido la sociedad vasca "no todas las víctimas mortales y grandes heridos han sido provocados por ETA".
"Diferentes formas de terrorismo y violencia que, en esta ley quedan englobadas en la formulación de 'actuaciones de represión ilícita', han provocado un significativo número de víctimas, muy especialmente a finales de los 70 y principios de los 80. Víctimas que han quedado sin cobertura en la legislación actual", ha recordado.
A su entender, la normalización de la convivencia requiere "ofrecer amparo" también a estas victimas, mientras que la construcción de la memoria "requiere reconocer críticamente la existencia también de estas vulneraciones de derechos humanos".
Finalmente, ha llamado al trabajo conjunto por "el reconocimiento de todas las víctimas, por la denuncia de todas las vulneraciones de derechos humanos, sin excepciones, sin exclusiones, sin minimizaciones, sin compensaciones". "Los derechos humanos son indisponibles. Violarlos es una injusticia. Repararlos y reconocerlos es un acto de justicia. La injusticia es oscuridad. Aquí buscamos luz", ha concluido.