Que la confesión de Pujol sobre los millones sin regularizar en el extranjero es insuficiente, era un sentir unánime. Así que la expectación era más bien porque la junta de portavoces tenía sobre la mesa aprobar la comparecencia de Pujol en el Parlament. Algo que han apoyado todos los grupos, excepto CIU. Será la comisión de Asuntos Institucionales, que no se reúne hasta septiembre, la que pida la comparecencia de Pujol. Pero la cuestión es que no está obligado a dar explicaciones porque ya no es un cargo de la Generalitat. Sólo tendría que hacerlo, si se abriera una comisión de investigación, algo que sólo ha pedido el Partido Popular. El resto de los grupos no lo cree necesario. Así que las explicaciones sobre el fraude quedan en manos del propio defraudador.