Transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del nuevo artículo, las tres asociaciones hacen un balance negativo de su aplicación debido a la "falta de encaje" en el sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación. Lo anterior, aseguran, "ha llevado al límite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías".
"Si se pretendía una agilización de la Justicia este no es el camino. En los próximos meses veremos cómo el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados", sostienen.
JpD, UPF y SISEJ han apuntado que "es posible" que con el 324 de la LECrim aumente la pérdida de calidad del sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto, el tiempo de tramitación de los procesos.
Las tres asociaciones lamentan los "estériles enfrentamientos" entre los diferentes colectivos en la aplicación de esta ley y subrayan que los profesionales son la "garantía" en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos. "Incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito", concluyen al tiempo que piden su derogación cuando se constituya el nuevo Gobierno y las Cortes Generales.