Así se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas y después de que Arellano haya prestado declaración tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).
Según ha indicado Vázquez, la declaración de Arellano es un trámite "normal y lógico" después de que un escrito de la Fiscalía haya llegado a una sala de un tribunal y tras abrir diligencias, y ha afirmado que "nada ha cambiado, estamos en el mismo punto que antes de que se produjese esta declaración".
Así las cosas, ha manifestado que se trata de un asunto "antiguo", de año 2008, y que corresponde al ámbito de la Universidad de Sevilla, "nada tiene que ver con la Junta". Además, ha sostenido que se trata de un asunto administrativo por diferencia de criterios en cuanto a la aplicación de una norma por parte de la Universidad y por parte del Colegio de Arquitectos de Sevilla. "Para nada tiene que ver con el ámbito penal, ni con corrupción política", ha apostillado.
Vázquez, que ha reclamado que se deje trabajar a la Justicia y "mesura" en este asunto, ha exigido que "no se juegue gratuitamente con el prestigio de gente que llega a la política desde el ámbito académico o privado que vienen a aportar y que se les está intentando hacer daño".
A su juicio, ese "daño" proviene "especialmente de las filas del PP", que lo hace "por el mero hecho" de que Arellano pertenezca a un gobierno socialista lo que, a su juicio, "es, cuanto menos, reprochable", porque, ha agregado, "no se puede hacer daño gratuito a las personas en afán de conseguir un miserable puñado de votos" y esto, "el PP se lo tendría que hacer ver".