El Gobierno andaluz opta, así, por presentar recurso de casación ante el Alto Tribunal frente a la vía civil a la que le emplazó el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, el magistrado Rafael Toledano, quien consideró que el derecho de retracto ejercido por la Junta de Andalucía no suponía "la adquisición de la propiedad por sí misma" y que era preciso para ello la previa inscripción registral del documento en el que se formalizase "el negocio jurídico traslativo de la propiedad" entre la administración autonómica y la promotora del inmueble.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press y anterior a las tres últimas sentencias del Tribunal Supremo que han dado lugar a la creación de una comisión mixta para abordar la demolición del hotel de 411 habitaciones y 22 plantas, la Junta entiende que el acta de ocupación incluida en el derecho de retracto "legitima a entrar en la finca" sin necesidad de que se acuda a la vía civil y recuerda que sólo la "oposición del interesado", como ocurre en este caso con Azata, obliga a contar con "una autorización judicial".
El Gobierno andaluz solicitó en febrero de 2015 y, posteriormente y ante una primera negativa, en septiembre de ese mismo año al TSJA "auxilio judicial" y que expidiese "autorización de entrada" en los terrenos para "tomar posesión de la finca" ante la "actitud de las entidades Azata del Sol y Azata Patrimonio SL" que, según remarcaba, había "impedido su entrega voluntaria". El objetivo era, tal y como especificaba, poder dar cumplimiento al protocolo conjunto firmado en 2011 con el Ministerio de Medio Ambiente para demoler el inmueble y restaurar la playa.
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