El Ministerio de Justicia ha cerrado la redacción del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que podría llevar este mismo viernes al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
Entre las principales novedades del texto figura la inclusión de la prisión permanente revisable, que se aplicará a terroristas y a casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. También se recoge un endurecimiento de los tipos penales para delitos relacionados con la corrupción.
El texto de la reforma del Código Penal, que empezó su andadura hace precisamente un año con la presentación de un primer informe por parte del ministro Alberto Ruiz Gallardón, se ha analizado este miércoles en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, trámite previo a su aprobación en Consejo de Ministros.
Así, las fuentes consultadas aseguran que, en principio, el Gobierno tiene intención de llevar esta semana la reforma penal al Consejo de Ministros, si bien no descartan que a última hora decida posponerse a la próxima en función de "criterios de oportunidad política" o del elevado volumen de iniciativas de carácter económico que estén sobre la mesa este viernes.
CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
La prisión permanente revisable se incluirá por primera vez en el Código Penal y se aplicará a terroristas y a casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. Este verano el Consejo de Estado ha emitido un informe avalando la constitucionalidad de esta medida.
Además, el nuevo Código Penal pondrá el acento en la lucha contra la corrupción. Según fuentes de Justicia, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.
El proyecto eleva la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años para adecuarse a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y las recomendaciones de la ONU. España tenía una edad "muy inferior" a la del resto de países europeos, donde ronda los 15 o 16 años, y una de las edades "más bajas del mundo".
El Ministerio de Justicia rectificó su propuesta inicial al retirar del texto la figura denominada custodia de seguridad, que podría alargarse hasta un máximo de diez años cuando el condenado hubiera cumplido la pena de prisión y un tribunal valorase que seguía siendo peligroso.