El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto que determina cuáles son los funcionarios y autoridades competentes para realizar la homologación electrónica de documentos judiciales y administrativos.
La norma busca regular el procedimiento que da validez a los documentos públicos autorizados en el territorio de España y que deban ser presentados en otro Estado (apostilla), han informado fuentes del Ministerio de Justicia.
Con esta nueva configuración se supera la antigua división entre autoridades competentes para apostillar documentos, ya que únicamente podían emitirlos en su ámbito geográfico concreto.
La regulación era necesaria a raíz del problema suscitado por la aplicación e las nuevas tecnologías, que introducen la posibilidad de que los documentos administrativos puedan ser apostillados en soporte papel o electrónico por las autoridades competentes con independencia del lugar geográfico, dentro del ámbito nacional, en que éstos hubieran sido emitidos.
De esta forma, según el Ministerio, se cumple el doble objetivo de acercar el servicio público de apostillado de documentos a los ciudadanos, evitando traslados innecesarios, a la par que se agiliza el servicio prestado, redundando en una Administración Pública más eficiente y accesible.